El gobierno español ha anunciado planes para incrementar la supervisión de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Estas son entidades privadas que reciben fondos públicos y gestionan la atención en casos de accidentes laborales y prestaciones como las de incapacidad temporal, entre otras. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, hizo este anuncio durante la comisión del Pacto de Toledo, afirmando que se encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) la elaboración de un informe de evaluación sobre la gestión de estas entidades.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está trabajando con patronal y sindicatos en una nueva reforma del sistema de pensiones y protección social. Una de las partes fundamentales de esta reforma es revisar el papel que desempeñan las mutuas colaboradoras. Se ha acordado bilateralmente entre los agentes sociales incrementar la implicación de estas entidades en el tratamiento de trabajadores que están de baja por accidentes fuera de su jornada laboral, con el fin de acelerar su recuperación.
Un ejemplo de esto podría ser un empleado que se lesiona un pie jugando al fútbol un domingo y no puede ir a trabajar. Dado que no es un accidente laboral, el empleado tendría que esperar a ser atendido en el sistema de salud público y, dadas las largas listas de espera, podría demorarse su tratamiento. La idea detrás del pacto entre patronal y sindicatos es que la mutua pueda intervenir en el tratamiento y ofrecer realizar una radiografía en sus instalaciones, lo que permitiría agilizar la recuperación del empleado y su reincorporación al trabajo.
La Seguridad Social busca ahora integrar esta filosofía en su funcionamiento cotidiano y encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de estos recursos privados (aunque financiados con dinero público) y la concesión de competencias a las mutuas para influir o incluso conceder altas y bajas médicas. Los sindicatos temen que estas entidades puedan buscar acelerar la recuperación de los trabajadores a costa de altas médicas imprudentes.
Además de estas modificaciones, la ministra Saiz ha prometido llevar a cabo una reforma integral del sector, que abarcará desde su estructura hasta su régimen económico-financiero, promoviendo la colaboración con entidades públicas y privadas, basándose en un informe de evaluación que se encargará a la Airef.
En una reunión mantenida con patronal y sindicatos, la Seguridad Social ha conseguido un consenso para mejorar el acceso a la jubilación de los fijos discontinuos. Estos podrán acogerse al recién derogado coeficiente de parcialidad, lo que les permitirá acumular de forma más rápida y eficiente los años necesarios para retirarse. Esta medida podría beneficiar a corto plazo a unas 50.000 personas, teniendo en cuenta los datos de afiliación, que indican que hay esa cantidad de trabajadores con más de 60 años registrados con un contrato fijo discontinuo.
Otra parte de la reforma que están discutiendo el Gobierno y los agentes sociales tiene que ver con la idea de incentivar a los trabajadores para que prolonguen su vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, al mismo tiempo que se reordenan las condiciones para la jubilación anticipada. La ministra Saiz aspira a incrementar el número de trabajadores en activo alargando el número de años que una persona permanece en el mercado laboral.
La ministra de la Seguridad Social busca profundizar en la reforma de las pensiones realizada durante el mandato del anterior titular, José Luis Escrivá. Del mismo modo, el Gobierno busca establecer un nuevo reglamento para regular que determinados colectivos puedan jubilarse antes de tiempo sin merma de su pensión. Actualmente se está discutiendo con los agentes sociales cuáles deben ser los criterios para determinar si una profesión es lo suficientemente dura o peligrosa para acogerse a este avance.
Por el momento, las posiciones en el seno del diálogo social están bastante alejadas y desde CCOO y UGT consideran que la propuesta del Ministerio en cuanto a la jubilación parcial anticipada «recorta derechos», según han manifestado tras una reunión mantenida con el Gobierno. La próxima reunión está prevista para el 22 de abril.