Desde su implementación en 2013, España ha emitido un total de 6,200 ‘golden visas’, otorgando a inversores extranjeros la posibilidad de residir en el territorio nacional. La mayoría de estas visas han sido concedidas a compradores de inmuebles cuyo valor supera el medio millón de euros. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente su intención de eliminar esta fórmula, con el objetivo de garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo.
Los ciudadanos chinos y rusos han sido los más beneficiados con esta política, seguidos de los iraníes, estadounidenses y británicos. Esta información, que se extiende hasta septiembre de 2023, proviene de un informe de Transparencia Internacional España, una asociación que solicitó los datos al Ministerio de Exteriores a través de una solicitud de información pública.
Las ‘golden visas’ fueron introducidas en España durante el gobierno de Mariano Rajoy con la intención de atraer talento e inversión internacional. La Ley 14/2013 que las regula contempla varios supuestos: además de inversores, el Ejecutivo pretendía atraer emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y trabajadores de empresas extranjeras.
En contraste con las cifras mencionadas, otros datos proporcionados por el periódico español El Periódico de España revelan que se conceden anualmente más visas a familiares de emprendedores, profesionales altamente cualificados y empleados extranjeros que a inversores y compradores de vivienda.
Según una respuesta parlamentaria formulada por el partido político Bildu en 2020, durante los primeros seis años de aplicación de la ley se concedieron 15,447 visas a familiares de emprendedores, 7,205 a profesionales cualificados y 5,648 a trabajadores extranjeros solicitando el traslado en su empresa. En comparación, solo se emitieron 3,725 visados a inversores durante el mismo período. Haciendo una media de las diferentes fuentes de información, se deduce que se conceden alrededor de 630 visados a inversores cada año, siendo la mayoría por inversiones inmobiliarias.
Para obtener una ‘golden visa’ de inversor, basta con comprar un inmueble en España que valga más de medio millón de euros, o varios que sumen esa cantidad. Otra opción es invertir dos millones de euros en títulos de deuda pública española o un millón de euros en acciones de empresas, fondos de inversión o depósitos de bancos españoles.
La implementación de estas visas ha dado lugar a un nicho de mercado específico. Algunas inmobiliarias, como la destacada empresa Bafre, se han especializado en traer a compradores de China, gestionando la compra del inmueble y la obtención de la tarjeta de residencia.
Los inversores rusos son los segundos beneficiarios de las ‘golden visas’ españolas. Sin embargo, tras el estallido de la guerra en Ucrania, el Gobierno dejó de conceder estas visas a ciudadanos de nacionalidad rusa. Esta información fue confirmada mediante una respuesta parlamentaria en marzo de 2022 a una pregunta formulada por Joan Baldoví (Compromís), Íñigo Errejón e Inés Sabanés (Más País).
Las ‘golden visas’ para compradores de vivienda han recibido críticas tanto de la izquierda como de la derecha del arco político. Íñigo Errejón, ahora portavoz de Sumar, ha descrito estas visas como un «coladero de dinero negro» en España, alegando que inflan «brutalmente» los precios de la vivienda. Por su parte, el partido político Ciudadanos registró en 2022 una proposición no de ley instando al Gobierno a eliminar las visas y limitar su concesión a «inversiones productivas en la economía española».