El envejecimiento de la población obliga a Europa a revisar sus sistemas de pensiones. Con un número creciente de jubilados y menos trabajadores en activo para financiar las prestaciones, numerosos países han optado por elevar la edad de retiro, restringir las jubilaciones anticipadas o moderar las ayudas. España, en cambio, ha seguido una estrategia distinta: reforzar los ingresos mediante cotizaciones para sostener un gasto que seguirá aumentando.
Reformas en Europa para contener el coste de las pensiones
El Reino Unido es el último país en plantear cambios. Desde 2011, la denominada «triple lock» asegura que las pensiones se actualicen cada año según el mayor incremento entre los salarios, la inflación o un mínimo del 2,5%. La sucesión de ejercicios con elevada inflación y otros con fuertes subidas salariales ha generado un efecto escalera cuyo coste ronda ya los 16.000 millones de libras adicionales al año.
Para limitar ese impacto, el Gobierno británico dejará de considerar, a partir de 2030, el crecimiento medio de los salarios cuando este sea la referencia más alta. La medida impulsada por el primer ministro laborista Andy Burnham ha sido contestada por la oposición, desde los verdes hasta el ultra Nigel Farage, que la considera una ofensiva contra las personas mayores.
La pensión pública tiene un peso menor en Reino Unido que en otros países europeos, debido a que una parte relevante de los ingresos durante la jubilación procede de planes de empleo financiados por empresas y trabajadores. No obstante, la resistencia social a modificar estas prestaciones se reproduce en el continente, donde los jubilados son un colectivo cada vez más numeroso y con mayor influencia electoral.
Francia, Alemania y Dinamarca elevan la edad de jubilación
Francia ejemplifica el coste político de reformar las pensiones. En 2023, Emmanuel Macron aprobó el aumento gradual de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, junto con más años de cotización para acceder a la pensión completa. El objetivo era reducir el déficit del sistema.
La reforma desencadenó meses de huelgas y grandes movilizaciones, además de alimentar una crisis política prolongada. Desde su aprobación, cinco primeros ministros han pasado por Matignon. Finalmente, el Ejecutivo de Sébastien Lecornu pactó suspender temporalmente parte de la aplicación de la reforma hasta 2028.
El proyecto presupuestario presentado esta semana limita la revalorización de las pensiones superiores a 1.260 euros mensuales, con un ahorro previsto de 4.100 millones de euros. También reduce beneficios fiscales para los jubilados por otros 1.400 millones.
En Alemania, el Gobierno asume igualmente la necesidad de contener el gasto para mantener un Estado del bienestar que, en palabras del canciller Friedrich Merz, «ya no es sostenible financieramente». El país eleva de forma progresiva la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años en 2031. Además, una comisión de expertos plantea vincularla posteriormente a la esperanza de vida, con una fórmula que añadiría ocho meses de trabajo por cada año adicional de longevidad.
La propuesta alemana también contempla complementar la pensión pública mediante un ahorro obligatorio. Trabajadores y empresas aportarían por igual un 2% adicional del salario a cuentas individuales, cuyos fondos se invertirían en los mercados para financiar una parte de la jubilación futura.
Las reformas alcanzan a más países. Dinamarca aprobó en 2025 elevar la edad de jubilación a 70 años a partir de 2040. Italia ha limitado las vías de jubilación anticipada y mantiene los aumentos vinculados a la esperanza de vida. Por su parte, Países Bajos avanza desde este año hacia un modelo de planes de empleo en el que la pensión dependerá en mayor medida de las aportaciones y de la rentabilidad obtenida en los mercados.
España protege las prestaciones y refuerza los ingresos
España ha elegido, por el momento, un camino diferente. Las últimas reformas han recuperado la actualización de las pensiones con el IPC para preservar el poder adquisitivo de los jubilados y han eliminado el factor de sostenibilidad que debía limitar las prestaciones ante el aumento de la esperanza de vida.
Para afrontar el coste del envejecimiento, el ajuste se ha concentrado en los ingresos del sistema: nuevas cotizaciones, mayores aportaciones sobre los salarios más elevados y un incremento gradual de las bases máximas. La estrategia consiste, por tanto, en recaudar más para financiar una factura creciente, sin aplicar un recorte de las prestaciones.
La evolución prevista del gasto español
La Airef estima que el gasto en pensiones crecerá desde el 13% del PIB en 2025 hasta el 16,4% en 2050. Son 3,4 puntos más, coincidiendo con la jubilación de las generaciones más numerosas del baby boom.
En ese periodo, el número de prestaciones aumentará de 11,6 millones a 17,4 millones. En apenas 25 años, el sistema deberá abonar cerca de seis millones de pensiones más y destinar a ellas una proporción notablemente superior de la riqueza nacional. La Airef también calcula que España invertirá el 16,4% del PIB en pensiones en 2040, frente al 13% actual.
Un estudio de Fedea publicado en septiembre prevé que España sea el país europeo donde más se incremente el gasto en pensiones en las próximas décadas. El envejecimiento será la principal causa, aunque parte de la presión se compensará con una menor generosidad relativa de las nuevas prestaciones.
Entre los factores que explican esa compensación figura la caída de la tasa de reemplazo, que mide la proporción del salario previo a la jubilación cubierta por la primera pensión. En España, esta tasa pasaría del 77,2% en 2022 a alrededor del 64,6% en 2050.
Aun con esa reducción, el sistema español mantendría prestaciones superiores a las de muchos países vecinos. Las proyecciones de la Comisión Europea hasta 2070 sitúan la tasa española en el 64%, frente al 38,2% de media de la UE. Esta comparación debe considerar, no obstante, que los salarios españoles también se sitúan por debajo de la media comunitaria.
La Airef estima que en 2050 habrá 17,2 millones de pensionistas, seis millones más que los 11,6 millones que actualmente perciben una prestación por jubilación.
El impacto sobre otras partidas públicas y la deuda
El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, no prevé dificultades para pagar las pensiones, pero advierte de que habrá una contrapartida. Según señala, será necesario reducir los recursos públicos disponibles para otras áreas, como carreteras u hospitales.
De la Fuente considera que mantener el poder adquisitivo de los pensionistas se ha convertido en una prioridad por su «gran poder político». A su juicio, este colectivo consumirá cada vez más recursos públicos mientras España confía el equilibrio del sistema al aumento de los ingresos y de la deuda.
La Airef también alerta de este riesgo. España cumple formalmente la regla de control del gasto en pensiones porque, al incorporar los nuevos ingresos previstos, el gasto medio entre 2022 y 2050 se sitúa en el 13% del PIB, por debajo del límite legal del 13,3%.
Sin embargo, el organismo señala que cumplir esa regla no garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas. En un escenario sin ajustes, la deuda pasaría del 101% del PIB en 2025 al 123% en 2050. Además, la parte de las pensiones que deberá financiarse con recursos adicionales aumentaría del 0,7% al 3% del PIB en 2050, reduciendo el margen para otras políticas o elevando la necesidad de recurrir a deuda.