En diciembre pasado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebró cinco años en funciones, concluyendo una década de mandato que ha visto a tres presidentes, cuatro renuncias de vocales y tres intentos de renovación fallidos.
La historia del CGPJ es una de intentos frustrados y políticas encontradas. El primer intento de renovación tuvo lugar en agosto de 2018, cuando el entonces presidente del Consejo, Lesmes, comunicó al Congreso y al Senado la necesidad de presentar candidaturas para la elección de los veinte vocales del CGPJ. Estos son seleccionados a partes iguales por ambas cámaras, diez por cada una (cuatro juristas y seis jueces).
El primer intento de renovación
Después de recibir la lista de los 51 candidatos presentados por las asociaciones, ambas cámaras debían seleccionar a los doce jueces. El 12 de noviembre de 2018, se anunció un acuerdo entre el PSOE y el PP para formar un CGPJ con 11 vocales progresistas y 9 conservadores, con el presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, como líder.
Sin embargo, este acuerdo se descarriló tras la filtración de un mensaje de whatsapp del entonces portavoz del Senado, Ignacio Cosidó, que buscaba apaciguar las críticas internas por el pacto. En este mensaje, Cosidó elogiaba a Marchena como un líder excepcional y defendía el control de la Sala Segunda.
Marchena reaccionó rápidamente a este mensaje y, en una carta pública, anunció su «decidida voluntad de no ser incluido» entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. El acuerdo se rompió y, a pesar de las repetidas peticiones de renovación de Lesmes, ninguna solución se vislumbró en el horizonte. Lesmes se vio obligado a presidir cuatro aperturas del Año Judicial en funciones, haciendo continuos llamamientos a la responsabilidad institucional.
Los intentos fallidos de renovación
Antes de la renuncia de Lesmes, hubo otro intento de acuerdo. Este fue motivado por la amenaza del Gobierno de reformar la ley para rebajar las mayorías en la elección de los vocales del CGPJ y prohibir que el CGPJ pudiera hacer nombramientos estando en funciones. A pesar de las críticas de Bruselas, de la oposición y de las asociaciones judiciales, la reforma se aprobó en marzo de 2021.
Esto llevó a los negociadores a la mesa de nuevo. Félix Bolaños y Teodoro García Egea acordaron las renovaciones pendientes, como la del Tribunal Constitucional (TC), y dejaron el CGPJ para más tarde. Sin embargo, la promoción de Victoria Rosell y José Ricardo de Prada al Consejo por parte de Podemos, que el PP rechazó, volvió a hacer saltar el acuerdo.
El camino hacia la renovación
La política volvió a interferir cuando el Gobierno indultó a los condenados por el ‘procés’ y, en medio de las elecciones en Andalucía, donde el PP salió victorioso, la renovación volvió a naufragar. El PP trazó una línea clara: el cambio en el modelo de elección de los doce vocales jueces, en el sentido de que fueran elegidos por la carrera judicial.
A pesar de estos contratiempos, la renuncia de Lesmes al menos sirvió para reanudar las conversaciones entre socialistas y populares. En el otoño de 2022, se perfiló un acuerdo global que contemplaba la renovación del CGPJ y la plaza vacante de Alfredo Montoya en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el acuerdo se desmoronó cuando el Gobierno ocultó al PP que iba a suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación.
Desde entonces, no ha habido más acercamientos hasta este año, cuando, a petición del PP, la Comisión Europea actuó como mediadora. Hoy, 25 de junio, el tan esperado acuerdo finalmente ha salido a la luz, marcando un hito en la larga historia de lucha por la renovación y el equilibrio en el poder judicial español.