El Ministerio de Hacienda ha vuelto a retrasar la entrada en vigor de Verifactu, el sistema de verificación de facturas que inicialmente estaba previsto para el 1 de enero. La medida se traslada a octubre de 2028 con el objetivo de acompasar su implantación con la de la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales.
La intención del Ejecutivo es evitar que las compañías deban afrontar dos adaptaciones tecnológicas diferentes en un periodo breve, al tiempo que se busca una mayor convergencia técnica y normativa entre ambos modelos.
Calendario para la factura electrónica
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial aprobada por el Gobierno en marzo activa los plazos establecidos en la Ley Crea y Crece.
Las empresas con un volumen de operaciones superior a ocho millones de euros deberán cumplir con la nueva obligación desde el 6 de octubre de 2027. El resto de compañías y profesionales dispondrá de 24 meses para adaptarse, hasta el 6 de octubre de 2028.
Dos sistemas con objetivos distintos
Verifactu y la factura electrónica no son el mismo sistema. Verifactu fija requisitos para los programas informáticos de facturación, con mecanismos dirigidos a garantizar la integridad y trazabilidad de los registros y a impedir su manipulación.
Por su parte, la factura electrónica obligatoria regula las operaciones entre empresas y profesionales. Exige que las facturas se emitan e intercambien en formato electrónico y de acuerdo con unas condiciones técnicas específicas.
La decisión se adopta después de que la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) presentara en junio una propuesta para coordinar la implantación de la factura electrónica con la futura directiva europea ViDA. El documento fue elaborado por su grupo de expertos en impuestos indirectos y trasladado a medios de comunicación y grupos políticos con representación parlamentaria.
Posteriormente, el Senado debatió una propuesta de modificación en esa misma dirección, antes de que la Agencia Tributaria optara por armonizar los calendarios. Según Aedaf, esta coordinación facilitará el avance hacia el modelo europeo de información digital, obligatorio a partir de 2030, y evitará sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en poco tiempo.
La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) también había solicitado que Verifactu se retrasara para coincidir con la factura electrónica. Su presidente, Lorenzo Amor, calificó el aplazamiento en redes sociales como «lo más coherente y lo que menos agravio ocasionaría a los autónomos».
Para ATA, que las tres normativas y obligaciones avanzaran con plazos descompensados suponía «un sinsentido operativo» que obligaría al colectivo a realizar transiciones tecnológicas consecutivas, en lugar de una única adaptación integral.
Desconocimiento entre las empresas
El reajuste de las fechas llega en un contexto en el que buena parte del tejido empresarial reconoce no conocer aún con claridad el alcance de los cambios. Más de la mitad de las empresas españolas desconoce las implicaciones de la factura electrónica, según la segunda edición del Observatorio TeamSystem: Radiografía y diagnóstico de pymes, autónomos y asesorías, elaborado por Ipsos para TeamSystem a partir de 1.200 entrevistas.
En concreto, el 24% de las empresas afirma no saber qué es la factura electrónica, mientras que otro 30% dice haber oído hablar de ella, pero desconoce sus detalles. Solo el 10% sostiene tener un conocimiento suficiente de la normativa. Además, tres de cada diez pymes reconocen tener dudas acerca de las exigencias regulatorias y los plazos de adaptación.
Plataformas privadas y solución pública
Interoperabilidad y acceso gratuito
La nueva regulación permitirá emplear plataformas privadas de factura electrónica, siempre que cumplan los requisitos de interoperabilidad establecidos. Como alternativa, las empresas podrán utilizar la solución pública y gratuita que desarrollará y gestionará la Agencia Tributaria.
Esta plataforma permitirá emitir y recibir facturas electrónicas y servirá también como repositorio de los documentos sujetos al nuevo sistema. Su planteamiento busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones a pymes y autónomos, que podrán utilizarla sin asumir el coste de una plataforma privada.
Seguimiento de la factura hasta el pago
La principal novedad no se limita a sustituir el papel o el PDF por un formato digital. El modelo permitirá seguir la factura durante todo su ciclo de vida, desde su emisión hasta el pago.
Los destinatarios tendrán que comunicar electrónicamente determinados estados de las facturas, entre ellos su rechazo cuando se produzca y el pago efectivo completo. Si la propia factura o una copia fiel incluye una fecha de pago anterior o coincidente con la fecha de expedición, se entenderá cumplida la obligación de informar sobre el estado de pago.
En el caso de las compañías que recurran a plataformas privadas, estas deberán enviar simultáneamente a la solución pública una copia electrónica fiel de cada factura, conforme a la información y sintaxis fijadas por la normativa.
El propósito es que la Administración cuente con una trazabilidad más amplia de las operaciones comerciales y, especialmente, de sus plazos de pago. La factura electrónica es una de las herramientas con las que el Gobierno pretende combatir la morosidad empresarial, que en España continúa por encima del límite legal de 60 días.