El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha un decreto ley para introducir modificaciones relacionadas con la prestación por desempleo, pese al adelanto electoral y a la proximidad de la cita con las urnas del 29 de noviembre.

La iniciativa, promovida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se encuentra en fase de audiencia e información pública hasta el próximo 26 de octubre. El texto plantea cambios en dos reglamentos y en una norma con rango de ley: el Estatuto del Trabajo Autónomo.

Pago único del paro sin esperar a una sentencia firme

Una de las principales medidas afecta a la capitalización de la prestación por desempleo, que permite percibir el paro en un pago único. Este mecanismo suele emplearse cuando una persona quiere iniciar una actividad por cuenta propia y destina la cuantía acumulada de su prestación al autoempleo.

Trabajo propone que la solicitud de este pago único pueda tramitarse sin necesidad de esperar a que sea firme una sentencia por despido, excepto cuando se pida la nulidad del despido. Con esta modificación se pretende evitar que la impugnación de un cese laboral frene el inicio de una actividad como trabajador autónomo.

Fin de la penalización vinculada a la pensión de alimentos

La segunda modificación busca que la pensión de alimentos recibida por hijos de personas separadas deje de computar al calcular la prestación por desempleo.

En la actualidad, estas pensiones se consideran renta propia del hijo o hija. Esta situación no se produce cuando los progenitores están casados, ya que el importe se atribuye al adulto que convive con el menor, que en la mayoría de los casos es la madre. Al mismo tiempo, se considera que el menor está a cargo del progenitor que abona la pensión alimenticia, lo que genera una asimetría.

Un tratamiento igual para hogares con progenitores separados o casados

La propuesta del departamento de Yolanda Díaz plantea que la pensión recibida por el hijo de la persona con la que no convive tenga el mismo tratamiento fiscal y administrativo que el dinero destinado a un hogar en el que los padres viven juntos. El objetivo es eliminar las diferencias existentes.

Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, esta corrección beneficiaría cada año a unas 300 personas y tendría un impacto presupuestario de 0,9 millones de euros.

Devoluciones y despidos colectivos

El texto también establece un procedimiento reglado para que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) devuelva ingresos indebidos abonados por error por ciudadanos o empresas. La medida fija un plazo de resolución de seis meses y establece la prescripción a los cuatro años.

Por último, la norma actualiza los procedimientos vinculados a las aportaciones económicas de empresas con beneficios que lleven a cabo despidos colectivos de trabajadores mayores de 50 años.