La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado los seis recursos de apelación presentados por los imputados por el asesinato de dos guardias civiles en un incidente en la bahía de Barbate en febrero. La decisión se tomó con base en la evaluación de las pruebas presentadas y la determinación de que existía un riesgo de fuga en todos los casos. Los imputados habían presentado alegaciones apuntando dudas en torno a la embarcación que fue identificada y cuestionando la legitimidad de su detención y acceso a las actuaciones.
Las resoluciones fueron firmadas el pasado jueves tras una vista celebrada el día anterior. Durante esta, se presentaron todo tipo de alegaciones por parte de las defensas de los narcotraficantes implicados. Estos pidieron la nulidad de los autos por los que el titular del juzgado de instrucción mixto número 1 de Barbate les había enviado a prisión provisional el pasado 12 de febrero.
En un caso particular, la defensa de Francisco Javier Martínez, también conocido como ‘Kiko el Cabra’, argumentó que no existían indicios suficientes para afirmar que la embarcación que tripulaban los acusados era la misma que colisionó con la de los agentes.
En respuesta a estas alegaciones, la Sala afirmó que la investigación había proporcionado indicios suficientes para identificar la embarcación ocupada por el acusado. Se destacó que la embarcación había sido identificada por las ropas de los tripulantes, por sus dimensiones superiores a las de las demás lanchas presentes en el lugar y por el hecho de que portaba cuatro motores.
El tribunal consideró que era «demasiado casual» que los daños en la embarcación fueran causados por roces con rocas y que la pintura roja se debiera a estar junto a una boya roja, como alegaban las defensas. Según la sala, las imágenes mostraban que los daños eran recientes y que la pintura roja se hallaba en la parte delantera de la embarcación, lo que indica que podría ser compatible con una colisión.
Además, se desestimó el recurso de José Antonio G.C. en base a que las imágenes examinadas por el tribunal no permitían concluir que hubiera dos embarcaciones con cuatro motores presentes en el lugar del incidente en el momento de los hechos.
Además de estas consideraciones, los magistrados decidieron mantener a los acusados en prisión debido al riesgo de fuga. Este riesgo se consideró evidente en los seis casos, dado que todos ellos estaban implicados en un delito de contrabando que podría acarrear hasta cinco años de cárcel.
En relación con el caso de ‘El Cabra’, se subrayó que existían indicios de que él era la persona que pilotaba la embarcación y que por ende había arrollado a la semirrígida de la Guardia Civil. Como resultado, se le imputan, además de un delito de atentado con instrumento peligroso, dos delitos de asesinato consumado y cuatro intentados.
El tribunal no encontró pruebas de arraigo en ninguno de los cinco investigados de nacionalidad española, lo que aumentaba el riesgo de fuga. Este riesgo era aún mayor en el caso del sexto acusado, el ciudadano marroquí Mustafa C., quien podría huir fácilmente a través del mar a Marruecos, un país fuera del ámbito europeo y, por lo tanto, donde sería más difícil localizarle y detenerle.