La industria española ha recibido como un «jarro de agua fría» el nuevo paquete aprobado por el Gobierno para amortiguar los efectos de la crisis energética. El sector advierte de que la ausencia de medidas específicas para las fábricas podría traducirse en paradas de producción y cierres en los próximos meses.

«Desgraciadamente van a pasar cosas», ha afirmado Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que reprocha al Ejecutivo no haber incorporado medidas energéticas dirigidas expresamente a la industria.

La industria reclama apoyos específicos

El malestar surge tras varias semanas de diálogo con el Gobierno. La Alianza trasladó a Moncloa sus propuestas y cálculos sobre las consecuencias de la escalada energética, con la expectativa de que la interlocución derivara en una respuesta concreta para el tejido fabril. «Teníamos la percepción de que se nos había escuchado», ha explicado Reinoso, quien lamenta que en las medidas anunciadas «no haya absolutamente nada para la industria» en materia de energía.

El nuevo paquete se aprueba al finalizar las medidas prorrogadas en junio, cuando el Ejecutivo extendió hasta finales de septiembre parte de su respuesta a la crisis. Entonces mantuvo ayudas para el transporte y el sector primario, además de subvenciones industriales como la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para las empresas electrointensivas. La crítica de la Alianza es que la respuesta actual no refuerza suficientemente estos mecanismos ante el deterioro de los mercados energéticos.

Un sobrecoste de 7.400 millones

La organización mantiene su previsión de que el sobrecoste directo para la industria manufacturera española alcance unos 7.400 millones de euros. Según Reinoso, cerca del 70% de ese impacto se concentraría en el último trimestre del año si se cumplen las referencias actuales de los mercados de futuros.

«Esto no es una bola de cristal, esto es lo que va a suceder salvo que haya un cambio geopolítico de 180 grados», sostiene el portavoz. A su juicio, aumentos de costes de esta dimensión no pueden ser asumidos por la mayoría de las compañías sin consecuencias para su actividad.

La Alianza, no obstante, evita calcular cuántas plantas o empleos podrían resultar afectados, ya que la situación dependerá de las circunstancias de cada empresa, incluidos sus contratos de energía, su estructura de costes y su posibilidad de trasladar los incrementos a los precios.

Críticas también desde el transporte

La preocupación industrial se une a las objeciones planteadas por el transporte por carretera. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) consideran insuficientes los apoyos anunciados por el Gobierno.

La CETM cuestiona las cuantías previstas: 20 céntimos por litro en octubre, 13 en noviembre y seis en diciembre. La patronal recuerda que el precio del gasóleo ha subido más de un 40% desde el inicio del conflicto. Astic, por su parte, considera que las medidas no se ajustan a la magnitud del incremento de costes, con el combustible cerca de los dos euros por litro.

Ambas organizaciones denuncian asimismo demoras en el pago de las ayudas. La CETM señala que muchas empresas aún no han recibido las correspondientes al primer paquete, mientras que Astic asegura que algunas compañías no han cobrado todavía «un solo euro». Esta asociación también solicita ayudas específicas para los camiones de GNC y GNL, así como una fiscalidad más favorable para los combustibles renovables.

Reservas en las gasolineras y movilización agraria

Las estaciones de servicio también expresan dudas sobre la respuesta del Ejecutivo. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) considera que el Gobierno «peca o de optimista o de conformista» y cuestiona que se considere aceptable un escenario con el gasóleo alrededor de 1,95 euros por litro.

Malestar en el campo

Las organizaciones agrarias elevan la presión al entender que las medidas aprobadas este martes «no resuelven el problema de fondo». Por ello, anuncian que mantendrán sus movilizaciones. Según han comunicado, la ayuda al gasóleo agrícola seguirá en 20 céntimos por litro, pese a que el carburante acumula un incremento interanual del 51%.

En los próximos días, el sector prevé concretar un nuevo calendario de protestas, que podría incluir una concentración ante el Ministerio de Agricultura.

La patronal pesquera Cepesca comparte esta valoración. Considera insuficiente la prórroga de la bonificación de 20 céntimos por litro y advierte de que el gasóleo pesquero ya supera los 1,30 euros de media. La entidad estima que el sobrecoste anual puede situarse entre 188.100 y 567.000 euros por buque y reclama que la ayuda se eleve, como mínimo, a 40 céntimos por litro para evitar reducciones de actividad y pérdidas de rentabilidad.

Advertencia ante la falta de anticipación

Para Carlos Reinoso, el problema principal es que el Gobierno está dejando pasar la oportunidad de anticiparse a los efectos de la crisis. «Vamos a hablar de paradas, de cierres y de poner parches», advierte.

La Alianza estudiará ahora el texto completo del real decreto, aunque su portavoz reconoce que tiene pocas expectativas de encontrar medidas relevantes que no se hubieran anunciado previamente.