En los próximos días podría darse un choque entre la legalidad y la legitimidad en C...

El grupo parlamentario de Junts per el Si (Juntos por el Sí) en Cataluña está seguro de que cuanto más contundente sea la reacción de Madrid a los movimientos independentistas, mayor será el apoyo popular en Cataluña. Los próximos días serán testigos de un acontecimiento histórico, la aprobación de una resolución que inicia el proceso de la independencia de Cataluña y declara su desconocimiento de la jurisdicción del Tribunal Constitucional por la Cámara catalana.

La resolución, que será debatida el próximo lunes, ha sido presentada por Junts per el Si y la CUP (Candidatura de Unidad Popular). Esta resolución incluye el acuerdo para comenzar el proceso de conversión de Cataluña en una República independiente. Además, declara que, una vez aprobada la resolución, se desconocerán los mandatos del Tribunal Constitucional, ya que se considera que ya no tiene competencia en Cataluña.

El origen de esta convicción radica en la sentencia de junio de 2010 del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente el nuevo estatuto de 2006. El estatuto, que fue aprobado con una cómoda mayoría absoluta (72 diputados sobre 135), fue parcialmente anulado tras el recurso presentado por el Partido Popular. En respuesta a la aprobación de la resolución, se espera que el Gobierno del Estado presente un recurso de inconstitucionalidad que, automáticamente, suspenderá los efectos de la declaración, en virtud del artículo 161 de la vigente Constitución.

A partir de este momento, los efectos jurídicos de la resolución estarán suspendidos, aunque el carácter de la misma es eminentemente político. Sin embargo, se espera que las instituciones catalanas desconozcan la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Este tribunal, que ha sido reforzado recientemente por la mayoría absoluta del PP con la competencia para imponer multas coercitivas y suspender en sus funciones a las autoridades y funcionarios que desconozcan o incumplan sus sentencias.

Este evento puede dar lugar a un abierto choque entre la legalidad vigente y la legitimidad de origen que las urnas del 27-S confirieron al actual Parlament. Una auténtica crisis política en puertas que, presumiblemente, será agravada por Mariano Rajoy y Albert Rivera, quienes intentarán aumentar su votación popular del 20-D mediante el recurso a una supuesta firmeza y “mano dura”.

Este eventual agravamiento podría requerir de la mediación, más o menos informal, de personalidades o instituciones del ámbito de la Unión Europea para buscar una solución negociada a una declaración unilateral de independencia. Círculos de la Comisión Europea y varios eurodiputados reconocen abiertamente esta posibilidad.

El grupo parlamentario de Junts per el Si está seguro de que cuanto más contundente sea la reacción de Madrid, mayor será el apoyo popular en Cataluña al independentismo y mayor coordinación conseguirán con la CUP. Esta mayor coordinación podría incluso resolver la investidura del presidente Mas antes de que el próximo 9 de enero termine el plazo legal para su investidura, evitando así nuevas elecciones que nadie desea.