La Unión Europea (UE) ha dado un paso significativo al abrir la puerta al uso policial del reconocimiento facial. La decisión, que ha causado cierta preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil, se produjo el jueves cuando el Parlamento Europeo aprobó una nueva normativa que permite el intercambio de datos como las imágenes faciales de personas sospechosas entre los distintos cuerpos de policía de los Estados miembros.
El marco legal existente en la UE ha permitido a los cuerpos policiales compartir datos de presuntos delincuentes y de delincuentes condenados, incluyendo su ADN, huellas dactilares y las matrículas de sus vehículos. Esta normativa cuenta con una abrumadora mayoría de apoyo, habiendo recibido 451 votos a favor de los eurodiputados.
La actualización del marco legal, conocida como Prüm II, permitirá que la policía también incluya en sus bases de datos las imágenes faciales de los sospechosos, así como sus antecedentes policiales. Esta información estará al alcance de la Europol, de los cuerpos de seguridad de los 27 Estados miembros y de sus agentes de aduanas.
Cuando se dé una coincidencia positiva entre los datos mencionados, se permitirá compartir otros datos básicos de los acusados como sus nombres, fechas de nacimiento o el número de casos penales en los que están implicados.
Hasta ahora, los intercambios de datos se producían de forma bilateral. Por ejemplo, si la policía española quería acceder a los datos de un sospechoso en Italia, estaba obligada a gestionarlo con ese país. Con la nueva ley, todos los sistemas nacionales de la UE se conectarán en una única base de datos centralizada, lo que facilitará las investigaciones transnacionales.
La nueva ley también permitirá el flujo de datos para otros casos, como pueden ser la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de restos humanos o por catástrofes naturales, siempre que la legislación nacional del país en cuestión lo autorice. Los Estados miembros tendrán la última palabra sobre qué datos comparten y también podrán optar por confirmar manualmente las coincidencias entre ADN, huellas e imágenes faciales.
La Comisión Europea ha defendido durante años que la ampliación de los poderes de la policía agilizará su lucha contra el crimen. Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil han denunciado que «amplificará la extralimitación estatal y la vigilancia masiva» y que amenaza con causar «daños considerables» que pueden perjudicar con especial énfasis a los grupos más marginados y vulnerables de la sociedad, como las personas migrantes.
La Eurocámara ha asegurado en su comunicado que el nuevo marco «incluye salvaguardias para el respeto de los derechos fundamentales». Una de esas es que el intercambio de imágenes faciales se limitará a las investigaciones de delitos castigados con penas de prisión de al menos un año. No obstante, las ONG discrepan. «Se está abriendo la puerta a la potencial criminalización de todos los ciudadanos europeos», alerta Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora política de European Digital Rights (EDRI), la mayor red europea de ONG en defensa de los derechos y libertades en internet.
En este nuevo contexto, los ciudadanos europeos se encuentran en el centro de un debate sobre la protección de sus derechos y libertades versus la necesidad de mejorar la seguridad pública y facilitar las investigaciones policiales. Pese a las salvaguardas que el Parlamento Europeo asegura haber incluido en la nueva normativa, persisten las preocupaciones acerca de cómo se gestionará y se utilizará el reconocimiento facial en la práctica.