El Ejecutivo no subrogará a la plantilla en Casa 47
El Gobierno ha mantenido su decisión de prescindir de 247 trabajadores de Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Después del cese de actividad del conocido como «banco malo», el Ejecutivo ha optado por no integrar a estos empleados en Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda.
El sindicato CSIF, encabezado por Miguel Borra, considera que el traslado de las funciones supone una «transmisión de unidad productiva». Por ello, ha presentado una demanda con el objetivo de exigir la subrogación de la plantilla en la nueva empresa pública.
CSIF denuncia un ahorro de costes salariales
En un comunicado, CSIF sostiene que el Gobierno llevará a los trabajadores de Sareb a un despido colectivo con el propósito de «ahorrarse costes salariales». La denuncia se difundió el mismo día en que el Ejecutivo aprobó dos decretos con medidas en materia de vivienda tras el desahucio de Maricarmen.
El sindicato también critica que la entidad pública que asumirá la continuidad de estas funciones vaya a contratar y formar a nuevo personal para realizar tareas que actualmente desempeña la plantilla del «banco malo». A su juicio, este proceso generará un gasto adicional por la selección y la formación de los futuros empleados.
Casa 47 asumió activos de la antigua Sareb
CSIF ya había advertido el pasado julio de que acudiría a los tribunales si el Ejecutivo no subrogaba a los trabajadores en Casa 47. Esta entidad estatal de vivienda se creó a finales del pasado año tras la reestructuración de la antigua Sepes.
La nueva sociedad cuenta con un patrimonio de 40.000 viviendas y 2.400 suelos procedentes de la antigua Sareb. Para CSIF, la transferencia gradual de activos ha provocado además una «confusión patrimonial entre ambas mercantiles».
Renuncias a plazas por el coste de la vivienda
El sindicato ha enmarcado esta situación en la crisis de la vivienda, que, según señala, afecta tanto a los empleados públicos como a los trabajadores del sector privado. CSIF alerta de que el incremento del coste de vida y las diferencias retributivas están reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores de las administraciones públicas.
La organización advierte de que algunos empleados públicos se ven obligados a renunciar a plazas recién obtenidas o a solicitar excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las islas Baleares, debido a los actuales precios de la vivienda.
Por esta razón, reclama adaptar los complementos de destino para actualizar cuantías que considera desfasadas respecto a la inflación y al coste efectivo de vida. Asimismo, pide extender el complemento de residencia, reconocido en las islas, Ceuta y Melilla, a las zonas con mercados inmobiliarios tensionados en las que el precio de la vivienda dificulta la llegada y permanencia de profesionales.