El comisario José Manuel Villarejo y el exdirector de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, deberán enfrentarse a un juicio por una serie de supuestas irregularidades cometidas entre 2004 y 2011, según ha propuesto el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, encargado de la macrocausa ‘Tándem’. La energética Iberdrola y la Administración del Estado han sido también declaradas como responsables civiles en el caso.
Esta decisión es parte del auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada número 17, según informa Europa Press. Además del mencionado comisario y el exdirector de Seguridad de Iberdrola, el juez también propone juzgar a Rafael Redondo, socio de Villarejo en la empresa Cenyt.
El magistrado cree que existen pruebas suficientes para acusar a los implicados de cometer delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad de documento mercantil. Estos cargos se basan en la evidencia acumulada durante la investigación, que pone de manifiesto una serie de acciones que podrían haber cruzado la línea de la legalidad.
En su auto, el juez señala a Grupo Iberdrola y a la Administración General del Estado (AGE) como responsables civiles en el caso, y da traslado a la Fiscalía y las acusaciones para que presenten sus escritos de acusación. Esto significa que ambas entidades podrían tener que responder por los daños causados por las acciones de Villarejo y Asenjo.
La resolución del juez explica que, según la investigación, entre los años 2004 y 2011, Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad de Iberdrola, encargó a Villarejo, quien se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, realizar una serie de investigaciones sobre hechos que afectaban directamente a la compañía Iberdrola. Asenjo, sabiendo que Villarejo estaba en activo en la policía, le solicitó que llevase a cabo estas tareas.
A juicio del magistrado, el propósito de las investigaciones encargadas por Asenjo, en nombre de Iberdrola, a Villarejo, fue obtener información sobre personas físicas y jurídicas que pudiera ser utilizada por la compañía para la defensa de sus intereses. Este hecho sería el que justificaría la acusación de cohecho en el caso, ya que se habría pagado a Villarejo por realizar estas investigaciones mientras aún estaba en activo en la policía.
Por estos encargos, la empresa de Villarejo y Redondo habría obtenido 1.455.064 euros del Grupo Iberdrola. Este hecho es especialmente relevante, ya que podría indicar que la compañía estaba dispuesta a pagar una suma considerable por la información obtenida en estas investigaciones, lo que podría respaldar la acusación de cohecho.
Todo esto demuestra la complejidad y la seriedad del caso ‘Tándem’, que ha llevado a la Audiencia Nacional a proponer un juicio contra Villarejo, Asenjo y Redondo. A partir de ahora, será crucial seguir de cerca cómo se desarrolla el caso y cuál será el veredicto del tribunal.