El reconocimiento facial en Europa está a punto de ser una realidad. El jueves 8 de febrero, el Parlamento Europeo votará para modificar la ley que facilita el intercambio de datos entre los cuerpos de policía, y esta modificación incluirá el uso de imágenes faciales de presuntos delincuentes. Aunque Bruselas defiende esta medida como algo «necesario» para combatir el crimen, varias organizaciones no gubernamentales han denunciado que «amplificará la extralimitación estatal y la vigilancia masiva», y que podría causar «daños considerables, especialmente a los grupos marginados y vulnerables».
La legislación actual, conocida como Prüm I, permite a las autoridades policiales consultar las bases de datos de otros Estados miembros para acceder al ADN, a las huellas dactilares o a las matrículas de vehículos de sospechosos de actividades criminales. Este sistema de cooperación, que ha estado vigente desde 2008, «ha resultado decisivo para resolver muchos delitos en Europa y luchar contra la delincuencia organizada, las drogas, el terrorismo, la explotación sexual, la trata de seres humanos y otras actividades delictivas», según la Comisión Europea.
En diciembre de 2021, Bruselas propuso ampliar la ley para dar más poderes a la policía y a la Europol. En noviembre, se acordó la creación de un sistema central que automatice el intercambio de datos de ciudadanos sospechosos, incluyendo sus imágenes faciales. Los eurodiputados decidirán este jueves si el pacto sigue adelante. Todo apunta a que así será, pues la propuesta cuenta con el apoyo de conservadores, socialdemócratas, liberales y la extrema derecha.
La modernización de esta normativa, conocida como Prüm II, no legaliza el reconocimiento facial per se, pero sí permite interconectar imágenes faciales con las bases de datos de la policía. La sociedad civil teme que, en la práctica, esto animará a los Estados miembros a adoptar esta controvertida tecnología. «No hay suficientes salvaguardias que garanticen que no se violarán los derechos humanos», alerta Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora política de European Digital Rights (EDRI), la mayor red europea de ONG para la defensa de los derechos y libertades en internet.
Aunque la Comisión ha reiterado que esta medida busca «priorizar la seguridad» y combatir la delincuencia con mayor eficacia, EDRI ha denunciado que «personas no sospechosas, absueltas, víctimas y testigos son incluidos de forma rutinaria en bases de datos penales sin base legal en muchos países de la UE». Además, la ley contempla que la policía podrá intercambiar imágenes faciales de personas condenadas a tan solo un año de cárcel, un bajo umbral que imposibilita distinguir entre delitos graves y otros menores.
La inclusión de imágenes faciales podría perjudicar especialmente a las comunidades vulnerables, más expuestas a casos de discriminación por parte de la policía. «Si vives en un barrio pobre serás sospechoso de actividades criminales», apunta Domínguez de Olazábal. Además, los sistemas de reconocimiento facial son altamente imprecisos en la identificación de personas racializadas.
Las organizaciones de la sociedad civil también denuncian que la «falta de transparencia» policial agravará el impacto de la ley en la sociedad. «Muchas personas no son conscientes de que sus datos están siendo tratados de forma injusta e ilegal, y no pueden ejercer sus derechos de reparación», explican desde EDRI.
EDRI denuncia que la ampliación de esta ley refleja la «creciente inclinación» de la UE «hacia un Estado de vigilancia que erosiona la presunción de inocencia» y que agrava la «crisis general del Estado de derecho». Asimismo, acusa a la Comisión de no haber buscado «una alternativa menos intrusiva» y confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea paralice esta polémica medida. De aprobarse definitivamente, los Estados miembros tendrán hasta el 12 de diciembre de 2024 para transponer la Directiva a su legislación nacional.