Transformaciones en la Política de Energías Renovables en España: Desafíos y Oportunidades

En un movimiento sin precedentes, España ha tomado la decisión de prohibir los combustibles fabricados a partir de cultivos que están asociados con la deforestación, como la palma. A partir de 2025, estos tipos de combustibles ya no se considerarán «renovables» en el país. Además, por primera vez, la aviación y la navegación se incorporarán en el cálculo de los objetivos de descarbonización del transporte, según una orden del Ministerio para la Transición Ecológica publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE).

Esta nueva política establece las bases para alcanzar el objetivo de renovables a 2030 en España. También incluye, por primera vez, tecnologías como el biogás, el hidrógeno, y otros combustibles renovables para alcanzar estos objetivos. La incorporación de estas nuevas tecnologías y modos de transporte se establece para impulsar su desarrollo.

El Contexto Europeo y la Transición a la Energía Renovable

La regulación europea establece que la energía renovable debe representar, al menos, un 29% de la demanda para transporte en 2020. Para lograr este objetivo, el ordenamiento jurídico español establece una senda creciente de penetración, hasta ahora centrada en biodiésel y bioetanol, con un objetivo de penetración del 12% a 2026.

Los operadores al por mayor de productos petrolíferos, como Repsol, Cepsa, BP, Galp, y Shell, deben incorporar estos biocarburantes en el mercado de un modo proporcional a sus ventas. Si no logran los objetivos marcados, deben abonar una compensación económica.

La nueva orden no modifica esta senda de penetración, pero sí potencia las energías renovables en el transporte en detrimento de los combustibles fósiles. Esto se logra introduciendo mejoras, entre ellas la transposición de varias disposiciones europeas con anticipación a los horizontes de aplicación previstos en ellas.

La Prohibición de los Combustibles de Alto Riesgo

A partir de 2025, el biogás, el hidrógeno y los combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO, por sus siglas en inglés) podrán computar para el cálculo de cumplimiento de los objetivos ‘verdes’ en materia de transporte, junto al biodiésel y bioetanol. Para fomentar la producción y el consumo de estos combustibles, cada unidad energética puesta en mercado se valorará el doble que la de biodiésel y bioetanol.

Además, la orden elimina la posibilidad de cumplir los objetivos de renovables en transporte mediante el consumo de biocombustibles obtenidos a partir de materias primas con alto riesgo de cambio de uso de la tierra (ILUC, por sus siglas en inglés) a partir de 2025. Actualmente, la Unión Europea incluye a la palma en este catálogo, con planes de añadir la soja.

Esta decisión supone de facto la «prohibición» o eliminación del mercado de estos combustibles, que son mucho más caros que los tradicionales y que, por tanto, no se usarán si los agentes no los pueden utilizar para dar cumplimiento a sus obligaciones renovables.

Ecologistas y científicos llevan años advirtiendo de los impactos de cultivos como la soja o la palma en la deforestación, así como en la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la seguridad alimentaria, pues restan terrenos a otros cultivos.

En 2019, la Comisión Europea catalogó el aceite de palma como materia prima de alto riesgo de ILUC y aprobó su eliminación gradual como combustible renovable a 2025, después de que un informe encargado por la propia CE demostrara que los biocombustibles producidos con este aceite y con soja generan tres y dos veces más de emisiones que el diésel fósil, respectivamente.

La soja, a pesar de que su cultivo causa la deforestación en algunos de los ecosistemas más biodiversos del mundo, especialmente en América del Sur, quedó fuera de dicho calendario, aunque se negocia su clasificación como ILUC. Así, España se estaría adelantando en ponerle coto pues, además, limita su uso al 3% en 2024 y al 2,6% en 2026.

Las Implicaciones para los Incumplidores

De acuerdo con los últimos datos oficiales existentes, los biocarburantes fabricados a partir de palma representaron en 2022 el 0,51% en términos energéticos del consumo de combustibles de automoción en España, mientras que los hechos a partir de soja representaron el 0,06%.

La orden ministerial también refuerza y flexibiliza el Sistema de Certificación de Biocarburantes y la Plataforma SICBIOS, empleada para supervisar el cumplimiento del objetivo de combustibles renovables en transporte. Con un déficit de certificados superior al 75% de la obligación, el pago compensatorio se mantiene en 1.623 euros por certificado deficitario. Para un déficit de entre el 60% y el 75%, el pago se incrementa un 10% y si no se alcanza el 60%, un 25%, pudiendo inhabilitarse al incumplidor.

Con estas políticas, ¿podría España liderar la transición hacia las energías renovables en Europa? ¿Cómo impactará esto en el consumo de energía y en el medio ambiente?