En el marco de un creciente interés y preocupación por la situación de la vivienda en España, el Tribunal de Cuentas ha anunciado que auditará las políticas públicas en materia de vivienda. Este órgano, encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público, ha revelado que en su programada de auditorías para el año 2024, se incluyen cinco auditorías que abordan la planificación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de actuaciones en el ámbito de la vivienda de protección pública o de política de acceso a la vivienda.
Las auditorías que el Tribunal de Cuentas va a llevar a cabo implican la intervención en prácticamente todos los sectores: la Administración General del Estado, empresas públicas, ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos. De este modo, se podrá obtener una visión completa y detallada de las políticas y acciones que se están llevando a cabo en el país en lo que respecta a la vivienda.
La primera de estas auditorías se dirigirá hacia el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, un proyecto que en su momento fue creado por el Ministerio de Fomento. Este plan contó con un presupuesto de 1.443 millones de euros destinados a ayudar a las personas a acceder a la vivienda, la promoción en el ámbito del alquiler, la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana y rural. Se espera que el Tribunal de Cuentas emita su informe sobre esta auditoría durante el 2024.
La segunda auditoría también involucra a la Administración General del Estado, ya que se encargará de fiscalizar el diseño y ejecución de la política de acceso a la vivienda de los ejercicios 2022 y 2023. Se espera que este informe se publique en el año 2025.
También se incluye en el programa una auditoría a la actividad de la entidad estatal de suelo Sepes. Esta sociedad pública se encarga de desarrollar urbanísticamente suelos destinados a actividades industriales, pero también ha tenido un papel destacado en los últimos años en la puesta en marcha de vivienda pública. El Tribunal de Cuentas analizará su labor en suelos residenciales entre los años 2018 y 2023, y se prevé que haga público su dictamen el próximo año.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, este tipo de auditorías a la labor de la cartera ahora liderada por Isabel Rodríguez, son «absolutamente habituales en planes que llevan tanta financiación».
El cuarto y quinto punto del programa de auditorías del Tribunal de Cuentas se focalizan en la promoción y gestión de viviendas de protección pública en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales en relación a los ejercicios 2022 y 2023. El informe final de estas auditorías también se espera a partir del 2025.
La vivienda ha sido una de las grandes preocupaciones de los españoles en los últimos años. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la preocupación de los españoles por la situación de la vivienda ha ido en aumento en los últimos años, aunque aún se sitúa muy por debajo de los niveles alcanzados antes de la burbuja inmobiliaria, que estalló entre 2007 y 2008.
En la última encuesta del CIS, correspondiente a febrero de este año, el 8% de los ciudadanos la mantiene entre los mayores cuestiones que preocupan. Esta cifra se sitúa casi en máximos de la última década: entre 2013 y 2022, siempre se mantuvo, salvo en meses contados, por debajo del 4%. El récord de los últimos meses lo alcanzó durante 2023, cuando, en algún mes, el 11% de los españoles consideraban la vivienda como uno de los principales problemas del país.