Según los últimos datos de la oficina de estadística europea (Eurostat), España cerró el año 2023 con una deuda pública del 107,7% del PIB, lo que la coloca en la cuarta posición con la deuda más alta de toda la Unión Europea, sólo superada por Grecia, Italia y Francia. Además, España registró un déficit público del 3,6% del PIB, cifra que se encuentra por encima del umbral del 3% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este dato anticipa que la nación ibérica podría ser uno de los países a los que Bruselas abrirá un procedimiento por déficit excesivo en junio.
Este panorama se presenta en un contexto en el que las reglas de control del déficit y la deuda pública de la Comisión Europea, suspendidas durante cuatro años debido a la pandemia y la guerra de Rusia en Ucrania, volverán a aplicarse este año 2024. Esto significa la apertura de nuevos expedientes sancionadores para los países que superen los umbrales establecidos. En esta situación se encuentran, además de España, otros diez países que registrarán un desvío en sus cuentas superior al 3%: Italia (7,4%), Hungría (6,7%), Rumanía (6,6%), Francia (5,5%), Polonia (5,1%), Malta (4,9%), Eslovaquia (4,9%), Bélgica (4,4%), Chequia (3,7%) y Estonia (3,4%).
Por su parte, España ha mostrado una evolución positiva en sus cuentas, con una caída gradual de su déficit desde el 10,1% en 2020 hasta el 6,7% en 2021, el 4,7% en 2022 y finalmente el 3,6% en 2023. La deuda pública española también ha experimentado una mejora, pasando del 120,3% en 2020 al 107,7% en 2023. Sin embargo, sigue siendo una de las más abultadas de toda la UE, solo superada por la de Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). En total, 13 Estados miembros registraron en 2023 una deuda superior al 60% que establece como límite el pacto. Entre los países menos endeudados se situaron Estonia (19,6%), Bulgaria (23,1%), Luxemburgo (25,7%) y Dinamarca (29,3%).
Bruselas exigirá a los países que superen estos límites un ajuste estructural del 0,5% del PIB y sus cuentas serán vigiladas de cerca por la Comisión Europea. La confirmación de estos datos por parte de Eurostat coincide con la votación en el Parlamento Europeo de la nueva reforma de las reglas fiscales, un paso previo a su aprobación definitiva por los gobiernos europeos.
Las nuevas reglas no modificarán los dos elementos centrales del pacto -la regla del 3% de déficit público y del 60% para la deuda pública- y en 2024 la supervisión fiscal se basará en las recomendaciones específicas por país emitidas en la primavera de 2023 y avaladas posteriormente por el Eurogrupo. Sin embargo, se exigirá a los gobiernos que presenten en septiembre un plan plurianual a medio plazo -de cuatro años aunque ampliable a siete-, con una trayectoria fiscal a medio plazo, compromisos de reforma e inversión, que será evaluado por Bruselas y aprobado por el Consejo.
Esta situación supone un desafío para los países que superen los límites establecidos, ya que deberán realizar ajustes estructurales y comprometerse con reformas e inversiones para corregir sus cuentas. En el caso de España, la evolución positiva de los últimos años puede verse amenazada por estas exigencias, por lo que será crucial que el país mantenga una gestión económica prudente para evitar sanciones y garantizar su estabilidad financiera a largo plazo.