Desde hace tiempo, el Gobierno español ha venido intensificando su participación en el accionariado de la reconocida empresa Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), holding público que opera bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda. Esta maniobra estratégica se ha venido realizando en medio de esfuerzos por parte del Ejecutivo para garantizar la españolidad y la autonomía de este grupo de telecomunicaciones, especialmente ante la reciente entrada de Arabia Saudí en el accionariado del grupo español.
SEPI recientemente aumentó su participación en el accionariado de Telefónica a más de un 6%, tras invertir cerca de 1.400 millones de euros en la compra de acciones. Este incremento en la participación fue comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor español de valores. A pesar de que la regulación española no obligaba a SEPI a realizar esta notificación, la entidad optó por hacerlo voluntariamente para evitar lo que denominó una “asimetría en la información”.
La adquisición de acciones por parte de SEPI ha sumado a su cartera más de 350,75 millones de acciones de Telefónica, que representan un 6,169% del capital de la compañía. El precio medio pagado por cada acción fue de 3,937 euros, lo que se traduce en un desembolso total de 1.397 millones de euros. Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda solo ha reconocido oficialmente una inyección presupuestaria de 500 millones de euros a SEPI para la compra de acciones de Telefónica.
El Gobierno español ha dejado en claro su intención de tener representación en el consejo de administración de Telefónica. Con las recientes adquisiciones, la participación del Gobierno se acerca al 6,7% de las acciones, porcentaje que le daría derecho a tener un consejero en el consejo de administración de la empresa. No obstante, otros accionistas como CriteriaCaixa y BBVA ya tienen un asiento en el órgano de gobierno con una participación menor, de alrededor del 5%.
El Consejo de Ministros autorizó a SEPI en diciembre a comprar una participación del 10% de la compañía, con el objetivo de proteger una empresa que se considera estratégica debido a su vinculación con la seguridad nacional y la defensa. Este movimiento se dio en respuesta a la entrada de Arabia Saudí en Telefónica, y su intención de convertirse en el mayor accionista del grupo, anunciada en septiembre.
El refuerzo de la participación del Estado español en el capital de Telefónica se produjo dos semanas después de que el presidente de la corporación, José María Álvarez-Pallete, diera la bienvenida a los nuevos socios, incluyendo a SEPI y a la operadora Saudi Telecom. Álvarez-Pallete afirmó que «los nuevos accionistas contribuyen a la estabilidad accionarial y reflejan la confianza en la estrategia a largo plazo» de la compañía.
Por su parte, Arabia Saudí anunció a principios de septiembre su entrada en el capital de Telefónica a través de Saudi Telecom (STC), controlada por uno de los fondos soberanos del Estado árabe. STC reveló su plan para alcanzar una participación del 9,9% en la empresa, mediante la compra directa del 4,9% y la adquisición mediante derivados financieros de otro 5% adicional.
Ante la estrategia saudí, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha movilizado para garantizar la españolidad y la autonomía de Telefónica, y ya se ha convertido en un nuevo accionista relevante con más de un 6% de las acciones. La entrada del Estado en el accionariado de Telefónica marca el regreso del Gobierno español al grupo de telecomunicaciones, un cuarto de siglo después de su completa privatización.
En medio de la lucha entre Estados por convertirse en el mayor accionista de Telefónica, el universo La Caixa ha pasado a ser el principal accionista tras una reorganización de su participación en la empresa. CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha elevado su participación en la compañía hasta el 5% y cuenta con otro paquete del 2,5% en manos de CaixaBank. Estos movimientos anticipan la formación de un nuevo núcleo estable de socios españoles para blindar el control del grupo frente a los intereses de Riad, integrado por el Estado, CriteriaCaixa y BBVA (con un 4,87% del capital).