El decreto ley que modifica artículos de la Ley catalana del derecho a la vivienda (18/2007) recientemente aprobado por la Generalitat ha provocado un considerable malestar en el sector inmobiliario catalán. La principal queja radica en que el Govern no ha mostrado voluntad de diálogo con los agentes de la propiedad inmobiliaria, según denunció el colectivo d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya. A esta denuncia se han unido otras seis entidades del sector y Foment del Treball.
El sector inmobiliario catalán se ha unido casi al unísono en una reclamación que pone de manifiesto los puentes rotos con el Ejecutivo catalán y carga sin vacilar contra el decreto ley. Esta normativa, argumentan, genera confusión e inseguridad jurídica a propietarios y arrendadores de vivienda, tanto por su mala técnica jurídica como por su confrontación con el legislador estatal en materia de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil.
El malestar surge del nuevo enfoque que la Generalitat ha dado a la vivienda de alquiler temporal. Bajo la nueva normativa, la vivienda que se alquila a estudiantes, a trabajadores que van a estar temporalmente en la comunidad o a personas que necesitan cobijo unos meses por estar en medio de un tratamiento médico, tiene que estar sujeta a las mismas normas que los inmuebles que se alquilan para vivir permanentemente en ellos.
Esto implica que si estas viviendas están en una zona tensionada deben tener prohibidas las subidas indiscriminadas de precio y los propietarios deben hacerse cargo de los gastos de gestión inmobiliaria, entre otras cosas. Además, los anuncios respecto a estas viviendas tienen que indicar el precio de referencia del alquiler que resulte del sistema de índices, lo que pagaba por él el último arrendatario y la condición de gran tenedor del propietario, si lo es. La Generalitat también se asegura un régimen sancionador con multas que pueden llegar hasta los 900.000 euros para evitar el fraude.
El sector inmobiliario catalán condena el nuevo texto legislativo y remarca que no acepta la criminalización de los propietarios de vivienda en arrendamiento. En un comunicado firmado por la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliaria de Barcelona y Provincia, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya y el Consell de Cambres de la Propietat, además de la APCE, el sector inmobiliario ha expresado su descontento.
En su opinión, lejos de mejorar el acceso a la vivienda y aumentar la oferta, el nuevo decreto ley tensionará todavía más el mercado de vivienda. El sector indica que lo que hace falta son políticas consensuadas con los agentes del sector, dotación presupuestaria suficiente, generación de suelo finalista para construir la vivienda necesaria y medidas dirigidas al fomento de herramientas efectivas que promuevan vivienda asequible, como por ejemplo fórmulas de colaboración público-privada. En su opinión, el nuevo decreto ley no contribuye a la resolución del problema de la vivienda, sino que comportará nuevos inconvenientes y la perpetuará en el tiempo.