El Gobierno español ha aplazado la aplicación de la mayor parte de su paquete legislativo en materia de vivienda, dejando en suspenso sus planes de abordar los problemas de los alquileres de temporada y los pisos turísticos. A pesar de la presión para implementar nuevas regulaciones, el Ministerio de Vivienda ha declarado que no espera que estas medidas se desarrollen en el corto plazo, citando la necesidad de la «seguridad jurídica» y las limitaciones del marco competencial autonómico y municipal.
El Gobierno está esperando las conclusiones de un grupo de trabajo creado con el departamento de Industria para analizar los diversos usos de la vivienda. Este grupo está estudiando cuestiones que van desde los alquileres por habitaciones hasta los alquileres de temporada.
Además, el Gobierno está a la espera de la aplicación del Reglamento Europeo que planea utilizar como un paraguas de la futura normativa nacional. Este Reglamento, aprobado en marzo, establece un plazo de dos años para su implementación y requiere que las plataformas que ofrecen inmuebles y las administraciones tengan un registro obligatorio para mapear la situación y las transacciones. El objetivo es combatir los pisos ilegales y aliviar las zonas consideradas tensionadas.
Aunque esta legislación fue incluida en el acuerdo de coalición con Sumar, los funcionarios del Ministerio de Vivienda reconocen que llevará tiempo implementarla. Sin embargo, insisten en que se materializará a lo largo de esta legislatura. Los socialistas, que forman parte del Gobierno, han apoyado la iniciativa para ampliar la cobertura de las medidas de vivienda. Sin embargo, la propuesta fue rechazada debido a la oposición de PNV y Junts, que se unieron al arco de la derecha para derribarla.
La división entre los socios parlamentarios que apoyaron la investidura anticipa las dificultades para desarrollar la legislación en vivienda. El Gobierno se encuentra en una posición delicada, debiendo hacer malabares entre los socios más progresistas (ERC, EH Bildu y BNG) y los más conservadores (Junts y PNV).
En cuanto a las ‘golden visa’, el Ministerio de Vivienda está ansioso por eliminarlas. Estas visas se otorgan a los extranjeros que invierten más de medio millón de euros en inmuebles. Para acelerar el proceso, el Gobierno planea eliminar las ‘golden visa’ a través de una enmienda a la modificación de la Ley de Suelo.
En una reunión en el Palacio de La Moncloa, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez subrayó la necesidad de proporcionar «seguridad jurídica» para aumentar la oferta de vivienda pública en alquiler asequible. Rodríguez afirmó que el Gobierno «no dejará sin poner en marcha ningún instrumento del Estado para resolver el problema del acceso a la vivienda», aunque también hizo hincapié en la necesidad de ofrecer garantías, ya que el 95% de los propietarios de viviendas de alquiler son particulares.
Sin embargo, algunos socios de coalición, como Sumar, ERC y EH Bildu, exigen más rapidez y concreción, mientras que PNV y Junts se han desmarcado de esta hoja de ruta. Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la eliminación de las ‘golden visa’, argumentó que «vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo». Sin embargo, esta posición ha encontrado resistencia entre algunos de sus socios parlamentarios.