El Gobierno mantiene retenidos más de 1.300 millones de euros en préstamos de los fondos Next Generation debido a compromisos que todavía no ha cumplido, según el Partido Popular (PP). Entre los hitos pendientes figuran el nuevo impuesto al diésel y la reducción de la temporalidad en la Administración Pública.
Los populares sostienen que las recientes derrotas parlamentarias del Ejecutivo, como la relacionada con la ley de lobbies, añadirán otros 1.100 millones de euros a las pérdidas cuando el Gobierno presente este miércoles su última solicitud de pago. De acuerdo con las estimaciones del PP, España podría perder así hasta 2.460 millones de euros de financiación europea.
Críticas del PP a la gestión de los fondos
El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, y el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, afirman que los fondos europeos solo han servido para que Sánchez gobierne sin Presupuestos. La formación liderada por Núñez Feijóo considera que el Ejecutivo ha desaprovechado una oportunidad para transformar la economía española.
Según el PP, España ya ha renunciado a casi el 38% de los 163.000 millones de euros recibidos, pese a la flexibilización de los plazos de ejecución y a la reducción de la exigencia de varios compromisos.
Menos viviendas sociales y proyectos modificados
En el ámbito de la vivienda, y en pleno contexto de crisis habitacional, el Gobierno habría rebajado de 20.000 a 15.700 el número de viviendas sociales comprometidas con Europa. Además, se habría permitido incluir la construcción y rehabilitación de inmuebles para alcanzar el objetivo, en lugar de limitarlo a vivienda nueva, como se estableció en 2021.
La línea del ICO destinada a vivienda social también habría reducido su ejecución inicial: de un presupuesto de 4.000 millones de euros a 567,85 millones, una cifra inferior al 85%. Los populares añaden que el Gobierno ha renunciado a 18 leyes, entre ellas la reforma de la Ley del Suelo, lo que, a su juicio, ha reducido los fondos asignados a España.
30.000 millones con un futuro incierto
El principal partido de la oposición identifica asimismo hasta 30.000 millones de euros de fondos cuyo destino considera incierto. Más de 15.000 millones, según denuncia, están canalizados a través de entidades gestoras como Red.es, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) o la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES).
El PP sostiene que este mecanismo permite a Bruselas contabilizar esos recursos como destinados, aunque no estén ejecutados y se prevea emplearlos en el futuro. Otros 13.000 millones de euros se encuentran en las cuentas del ICO y del fondo España Crece.
Los populares consideran que estos recursos podrían no llegar a ejecutarse y reclaman al Ejecutivo que detalle qué cantidad ha alcanzado efectivamente la economía real, las familias y las empresas.
Sin fecha límite para actuaciones pendientes
Además, el PP denuncia que el Gobierno no ha fijado una fecha tope para ejecutar los gastos pendientes. La formación alude a una disposición adicional incluida en un real decreto ley sobre Oriente Medio, aprobado el 1 de septiembre, que permite mantener sin un plazo límite las actuaciones iniciadas y aún no concluidas. Según los populares, esa medida también elimina el control de la Intervención General del Estado.