La noticia de última hora ha estallado en el esperado escenario de la oferta pública de adquisición (OPA) por parte del consorcio húngaro Ganz-Mavag sobre la empresa española de fabricación de trenes Talgo. Según el Ministro de Transporte español, Óscar Puente, el Gobierno «hará todo lo posible» para rechazar la OPA. Esta declaración fue hecha en el II Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenibilidad organizado por el Grupo Prensa Ibérica.
La decisión del Gobierno, que sospecha la presencia de inversores rusos o incluso del Estado detrás de esta operación, ha sido un verdadero bombazo. El consorcio húngaro, compuesto en un 55% por la compañía Magyar Vagon del inversor András Tombor y en un 45% por el fondo estatal Corvinus, estaba a punto de presentar formalmente la anunciada OPA por Talgo.
Ganz-Mavag tenía previsto enviar por carta al consejo de administración de Talgo la oferta formal, con un precio de 5 euros por acción. Actualmente, Talgo tiene un valor en bolsa de unos 570 millones, ya que cotiza por encima de los 7 euros por acción. Tras este anuncio, se esperaba que se iniciara el proceso de la OPA, enviando en las próximas horas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el anuncio de la OPA. En este momento, queda pendiente la reacción del consejo de Talgo.
Según ‘activos’, la OPA del consorcio húngaro sobre Talgo estaba a punto de materializarse, después de que András Tombor lograra el apoyo de los bancos acreedores de la empresa española. El acuerdo básicamente garantizaba que las entidades financieras, que suman más de veinte y mantienen préstamos por más de 300 millones, no ejecutarían estos créditos cuando Talgo cambie de manos. Además, el acuerdo también implicaría que los bancos continuarían respaldando financieramente a la nueva Talgo bajo control húngaro.
Talgo es considerada una empresa estratégica por el Gobierno español, como advirtió en su momento el ministro de Industria, Jordi Hereu. Por lo tanto, la hoja de ruta del consorcio húngaro pasa por obtener el apoyo de los bancos y confirmar la OPA para abordar la ‘parte política’ de la operación. Este proceso incluye presentar su documentación a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, que convocará a la Junta de Inversiones Extranjeras. Esta junta elaborará un informe que, debido a que la operación supera los 5 millones de euros, será remitido al Consejo de Ministros.
El grupo Magyar necesita demostrar tres cosas al Gobierno de Pedro Sánchez: que tiene solidez financiera para llevar a cabo la operación, que garantiza la españolidad de la compañía (manteniendo en España la sede fiscal y la operativa) y que no contempla deslocalizar fábricas ni hacer despidos.
Además de estos tres factores, otra clave es convencer al Gobierno español de que su plan industrial es el correcto. El Gobierno de Sánchez no ve con buenos ojos al Gobierno de Viktor Orbán (a pesar de que Hungría es miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde 2004), considerado conservador y nacionalista, aunque algunos sectores lo califican directamente de ultraderechista. Además, Tombor tiene un pasado como asesor y persona cercana al propio Orbán.