En el campo español, una serie de factores se están uniendo para alimentar una revuelta de los agricultores. Entre estos factores se incluyen el sentimiento de abandono gradual, la percepción de que el mundo rural está pagando los costes de la política contra el cambio climático, la competencia desleal de países terceros que no están sujetos a las normas fitosanitarias europeas, la creciente burocracia que acompaña tanto a la tramitación de las ayudas como al control de las normativas de la Política Agraria Común (PAC), el efecto distorsionador de la cadena alimentaria y el impacto de la sequía.
Los agricultores y ganaderos, que a menudo se sienten acosados por el dogmatismo verde, son cuidadores esenciales del territorio. Son ellos los que han moldeado la Catalunya que conocemos hoy, desde los prados del Pirineo hasta los arrozales del delta del Ebro. La diversidad de cultivos que mantienen juega un papel crucial en la lucha contra los incendios forestales. Ante esta realidad, se requiere una reorientación de la política agraria para ganar la complicidad activa del campo en la política medioambiental.
Este desafío se enfrenta a la necesidad de equilibrar la defensa de este sector estratégico, que actualmente lucha por llegar a fin de mes, con las exigencias de la transición energética y el cambio climático. En otras palabras, se necesita un equilibrio entre el interés general de evitar el fin del planeta y los intereses sectoriales, en este caso, de los agricultores. Aquí es donde entra en juego la reorientación de la PAC, que actualmente representa un tercio del presupuesto de la Unión Europea. La nueva PAC (2023-2027) es percibida más como una política punitiva, con un incremento de normas y reglamentos, que como una política activa para asociar el mundo rural a los objetivos de la UE en materia de cambio climático.
La Comisión Europea ha percibido este sentimiento y ha anunciado una pausa en la aplicación del aumento de las tierras en barbecho y el ritmo de la reducción de pesticidas hasta 2030. En el panorama político, el debate se ha colado en la agenda electoral europea. La extrema derecha, como es el caso de Marine Le Pen en Francia, intenta alimentar el tópico de los urbanitas contra el mundo rural. Pero los agricultores, pese a sus críticas a la burocracia de Bruselas, saben que su futuro está ligado al de la UE.
En Catalunya, un factor diferencial de la revuelta es el generacional. Son los agricultores más jóvenes, que no sufren la brecha digital que afrontan sus progenitores, los que se han rebelado contra unos sindicatos agrarios que dedican sus energías y buena parte de su financiación a los servicios que prestan para cumplimentar la tramitación de las subvenciones y el control de las normativas. Esta nueva generación, formada e informatizada, está protagonizando su particular 15M de la agricultura: piden menos ayudas tácticas y más soluciones estratégicas. Es responsabilidad de todas las administraciones saber leer esta radiografía del campo sin apriorismos ni simplificaciones.