Hace una semana, Maricarmen era una desconocida para la mayoría de los españoles. Esta mujer de 87 años iba a ser desahuciada de su vivienda, situada en un barrio acomodado de Madrid, al no poder afrontar los 2.600 euros que le reclamaba el fondo buitre propietario del piso. Ahora permanece hospitalizada mientras espera una alternativa habitacional y su caso puede acabar dando nombre a un decreto ley sobre vivienda que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes.
El desahucio de la mujer, considerada vulnerable, provocó una rápida conmoción política. Cientos de vecinos del barrio del Retiro la respaldaron y el operativo policial desplegado fue amplio. Miles de personas se manifestaron, también ante el controvertido ático adquirido por la Comunidad de Madrid. El Gobierno atribuyó la responsabilidad del desahucio a Isabel Díaz Ayuso, mientras que el PP respondió que PSOE y Sumar llevan siete años en el Ejecutivo y que la vivienda se ha convertido en el principal problema social del país.
Durante unas horas, el clima recordó al 15-M y al protagonismo que tuvieron las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya movilización social contribuyó, entre otros factores, al nacimiento de Podemos. Quince años después, antiguos activistas han gobernado ciudades como Madrid y Barcelona y forman parte de la coalición progresista. Sin embargo, sus políticas no consiguieron contener los precios de la vivienda.
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que lideró en su día el movimiento contra los desahucios y perdió la alcaldía en las últimas elecciones municipales, ha recuperado protagonismo. Se ha ofrecido para liderar el Frente Amplio que reemplazaría a Sumar, formación que a su vez sucedió a Unidas Podemos.
Colau ha reclamado a los ministros de Sumar que abandonen el Gobierno si el PSOE no acepta medidas contundentes contra la especulación inmobiliaria y los fondos buitre. A lo largo de la legislatura, Sumar ha tratado de que el PSOE asumiera reformas de mayor alcance en vivienda, aunque con poco resultado. Incluso protagonizó un plante durante una reunión del Consejo de Ministros.
Los ministros de Sumar también han pedido expropiar el piso de Maricarmen. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, rechazó esa posibilidad con ironía: «No soy partidario del ¡exprópiese!», afirmó en alusión a la expresión empleada por Hugo Chávez para ordenar confiscaciones de bienes privados.
La tensión entre los socios del Ejecutivo se ha intensificado en las redes sociales, con Óscar Puente en primera línea. No obstante, en Moncloa consideran que Sumar no llevará hasta el final sus advertencias. «Ellos están intentando diferenciarse de nosotros con disparates como la expropiación, y seguirán con eso porque les da un poco de espacio, que no tienen porque la oposición desde la izquierda la encabeza Irene Montero, pero saben que ese tipo de propuestas no van a ninguna parte», aseguran fuentes de Moncloa.
Para esas mismas fuentes, el principal cambio derivado de esta situación es la nueva posición de Junts. «El auténtico movimiento tectónico más importante de lo que es un drama terrible es que Junts ha variado su estrategia y ha vuelto a la mesa de negociación con el Gobierno», sostienen.
Junts había repetido durante casi un año, semana tras semana, que no volvería a negociar con Pedro Sánchez y que la legislatura estaba terminada. Su cambio de estrategia coincide con las informaciones que apuntan a un próximo regreso de Puigdemont tras una sentencia del Constitucional que, según se prevé, no tardará en llegar. Las fuentes consultadas, sin embargo, no relacionan ambos hechos.
«El desahucio ha agitado mucho la conciencia de la gente, y se ha removido la propia conciencia de los partidos que hemos sido incapaces de aprobar una legislación para impedir este tipo de abusos. Hay mucha presión sobre Junts para que apoye las medidas del Gobierno que puedan favorecer a la mayoría, y también sobre Podemos para que abandone propuestas inviables», indican fuentes gubernamentales.
La negociación sigue abierta. En un otoño especialmente complicado para Pedro Sánchez, marcado por la crisis de Ceuta, los casos de corrupción que aparecen semanalmente y un ambiente preelectoral muy tensionado contra el Gobierno, el denominado decreto Maricarmen podría funcionar como un alivio político.
El Ejecutivo, no obstante, evita dar por segura su aprobación en el Congreso. «La negociación será difícil, pero está abierta, eso es lo más importante, se están intercambiando propuestas, vamos a ver si conseguimos un punto de equilibrio para el decreto. El contexto político para el acuerdo, lamentablemente como consecuencia de un desahucio terrible, está mucho más favorable que hace unos días. Tenemos que ser prudentes, pero cuando el contexto te ayuda, y hay voluntad, es más fácil llegar a un acuerdo», señalan desde el Gobierno.
El spray y el respeto en el Congreso
El episodio del gas pimienta ha dejado al Partido Popular prácticamente sin capacidad de reacción. La diputada Ana Vázquez llevó un spray de gas pimienta al pleno para interpelar al Gobierno por la crisis de Ceuta. El incidente terminó con varias personas intoxicadas por el gas liberado en un cuarto de baño y tendrá consecuencias disciplinarias para la parlamentaria.
La mayoría de los diputados del Grupo Popular aplaudió a Vázquez cuando abandonó el pleno. Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, permaneció serio durante todo el episodio. Las imágenes en las que la diputada entrega el spray a José Luis Ramos, periodista que trabaja para el Grupo Popular, para que lo vaciara han provocado numerosas críticas contra Vázquez. Periodistas y trabajadores del Congreso de todos los grupos se han solidarizado con Ramos, que lleva décadas trabajando en la Cámara y cuenta con el respeto, la consideración y el afecto de quienes desempeñan allí su labor.