A menos de 24 horas de uno de los Consejos de Ministros más determinantes de la legislatura, los partidos de izquierda incrementan la presión sobre el PSOE para evitar que el real decreto ley sobre vivienda se limite a un «parche». La acampada impulsada por el Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol de Madrid y la repercusión del desahucio de Maricarmen han intensificado el clima social en torno a esta crisis.
Sumar y los socios parlamentarios de Pedro Sánchez buscan que el sector socialista acepte medidas más severas para proteger frente a los desahucios, regular los contratos de alquiler y controlar los pisos turísticos y de temporada. La negociación se desarrolla mientras el Gobierno trata de conciliar las exigencias de sus apoyos a izquierda y la necesidad de contar con Junts y el PNV para convalidar en el Congreso el decreto que se aprobará este martes.
Sumar, integrado en el Gobierno, ha escenificado una posición común con ERC, EH Bildu, Podemos y BNG mediante una convocatoria conjunta de prensa. Su objetivo es empujar al PSOE hacia un paquete de iniciativas «contra la especulación», ante la influencia de Junts en las conversaciones.
El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, encabeza la negociación por parte de Sumar. El ministro sostiene que un acuerdo con el PSOE está en estos momentos «muy lejos» de alcanzarse.
Fuentes del socio minoritario del Gobierno sitúan los principales desacuerdos en la necesidad de establecer una protección completa ante los desahucios, regular los alquileres de temporada y por habitaciones, prorrogar y renovar los contratos, y combatir el fraude vinculado a los pisos turísticos.
Desde Sumar consideran que estas cuestiones son «centrales» para afrontar la crisis de vivienda y advierten al PSOE de que no permitirán que «se diluyan». La formación confía en las horas de negociación restantes para acercar a los socialistas a sus posiciones, pero no descarta plantarse tanto en el Consejo de Ministros como en una posterior votación parlamentaria.
«No vamos a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía», señalan fuentes oficiales de Sumar, que defienden que el decreto debe escuchar «el clamor de la calle».
Podemos, cuyos votos son determinantes para la convalidación y que está elevando las dificultades de la negociación, mantiene posiciones de máximos. La formación morada reclama que el texto sirva para «acabar con la especulación» y pide al PSOE que no trate de imponer un «trágala» a los grupos parlamentarios.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que el Gobierno volverá a equivocarse si presenta un decreto de mínimos que no combata la especulación. A su juicio, Pedro Sánchez debe aprobar una norma que afronte el problema de la vivienda y no una destinada a «arreglar la imagen» o «lavar la cara» del Ejecutivo.
Podemos rechaza además que el decreto incluya la Ley del Suelo, como se planteaba hace unas semanas, al entender que favorece la especulación. Para que la norma no sea un «parche», exige bajar por ley el precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea para residir en ella, expropiar viviendas de fondos buitre —que cifra en más de 650.000— y vetar los desahucios sin alternativa habitacional.
La formación considera «del todo insuficientes» las propuestas conocidas en las últimas horas procedentes del Ministerio de Vivienda, al entender que no pondrían fin a la especulación ni evitarían que la vivienda continúe siendo un «negocio». Fernández ha indicado que Podemos está dispuesto a «escuchar», aunque reclama al Gobierno que esté «a la altura», porque las medidas ofrecidas hasta ahora no se ajustan a sus demandas.