El Ministerio de Agricultura de España intensifica la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, adoptada hace cuatro años, que prohíbe la venta de productos por debajo del costo de producción, también conocida como venta a pérdidas. La ley fue una respuesta a uno de los problemas más grandes del campo y una causa principal de las protestas de agricultores en el país.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un organismo dependiente del Ministerio encargado de supervisar la cadena alimentaria, ha impuesto un total de 195 sanciones desde enero de 2023, equivalentes a 641.398 euros. Solo las multas graves o muy graves son publicadas, y estas generalmente incluyen el nombre de la empresa infractora y la cantidad penalizada.
La ley, que se introdujo en 2013, solo comenzó a hacer públicas las multas desde el año pasado, un cambio que las asociaciones agrarias habían estado pidiendo durante mucho tiempo. La publicación de estas multas permite a los consumidores tomar decisiones de compra informadas y evitar a las empresas que practican la venta a pérdidas.
Hasta ahora, las sanciones se han impuesto principalmente a los intermediarios y supermercados que no cumplen con los plazos de pago o no formalizan contratos por escrito. Sin embargo, ninguna empresa ha sido penalizada por destrucción de valor en la cadena, una referencia a la venta a pérdidas, que es la medida principal de la ley.
La ley establece que ningún eslabón de la cadena alimentaria puede vender sus productos por debajo del costo de producción, a menos que sean productos perecederos y estén a punto de caducar. Esta medida se introdujo para proteger a agricultores y ganaderos, que a menudo se ven obligados a vender su producción al precio que la industria les impone.
Para hacer cumplir esta norma, la Ley de la Cadena Alimentaria estipula que el costo de producción debe estar indicado por escrito en el contrato de venta. Sin embargo, este método no es perfecto, ya que el comprador puede imponer su precio.
Para evitar el abuso, el Ministerio de Agricultura se comprometió a fortalecer la AICA y a publicar estudios de costes que permitirían a los inspectores detectar discrepancias. Sin embargo, la realización de estos estudios lleva tiempo y, en ocasiones, cuando se publican, ya están desactualizados.
Además, aunque los estudios de costes pueden servir como punto de partida, si se presenta una denuncia, el agricultor debe proporcionar sus propias pruebas.
En un esfuerzo para garantizar el cumplimiento de la ley, las principales organizaciones agrarias están comenzando a trabajar con sus miembros para presentar denuncias contra intermediarios abusivos, incluyendo estudios de costes.
El Ministro de Agricultura, Luis Planas, ha alentado a las organizaciones a denunciar y a compartir estos estudios para que puedan ser publicados en el sitio web del Ministerio. A su vez, los representantes de los agricultores han instado al Ministerio a realizar inspecciones de oficio.
Para verificar si un producto se vende por encima del costo de producción, es necesario que intervenga el vendedor. Según Javier Alejandre, técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la presentación de pruebas adicionales puede fortalecer las denuncias y facilitar la aplicación de la ley.
Este aumento en la aplicación de la ley se produce en medio de protestas agrícolas en todo el país que han durado dos semanas y continuarán durante todo el mes de febrero.
En respuesta a las protestas, el Ministerio de Agricultura se ha comprometido a fortalecer la AICA, proporcionándole más recursos y una mayor capacidad de control e inspección.
A pesar de los avances, la denuncia de infracciones sigue siendo un tema sensible. La ley estipula que la AICA debe garantizar el anonimato de los denunciantes, pero la filtración de información podría causar problemas para los agricultores que denuncien a sus compradores.