El clamor de la comunidad agrícola europea ha obligado a la Comisión Europea y a los Veintisiete a hacer eco de sus quejas y a hacer concesiones. Los agricultores y ganaderos de la región han estado en descontento con las estrictas normas medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC) y el Pacto Verde Europeo. Las protestas de los agricultores, que culminaron en miles de tractores inundando las carreteras europeas, argumentan que estas políticas son una de las causas de su empobrecimiento.
Las quejas de los agricultores no son recientes y la lista es larga. Incluye la caída de ingresos debido al impacto de la inflación en las ayudas, la competencia desleal de terceros países que exportan a la UE a precios más competitivos pero sin respetar la regulación en materia de bienestar animal o de pesticidas, y la maraña de burocracia que deben cumplir para recibir los subsidios. En respuesta, la Comisión Europea ha accedido a algunas de las demandas del campo y de la derecha, que ha estado pidiendo una «pausa regulatoria» en el marco de la PAC y toda la política relacionada con el pacto verde y la biodiversidad.
La primera concesión de Bruselas fue anunciar la derogación de la obligación de mantener un 4% de las tierras cultivables en barbecho. Para recibir los pagos directos de la PAC, los agricultores están obligados a aplicar y respetar algunos criterios beneficiosos para el clima y el medio ambiente bajo el principio de condicionalidad. Este principio, que se introdujo con una reforma que incluye objetivos medioambientales más ambiciosos, se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE.
Uno de estos criterios obliga a los agricultores a dejar una pequeña porción de sus tierras cultivables en barbecho o de zonas no productivas. Sin embargo, a partir de ahora, los agricultores podrán seguir recibiendo los subsidios si alcanzan al menos el 4% añadiendo no solo los barbechos y las zonas no productivas, sino también los cultivos intermedios sin productos fitosanitarios o fijadores de nitrógeno como las leguminosas.
El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, afirmó que esta decisión «refleja las circunstancias extraordinarias a las que se enfrenta nuestra comunidad agrícola y demuestra que la Comisión está escuchando y respondiendo a estas necesidades en tiempo real». Asimismo, el 32% de la financiación total de la PAC está destinada a generar beneficios para el clima, el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y el bienestar animal y a fomentar prácticas que vayan más allá de la condicionalidad obligatoria.
Además de la derogación del 4% de barbecho, el Ejecutivo comunitario ha decidido dar marcha atrás en otra polémica propuesta destinada a reducir a la mitad el uso de pesticidas, uno de los elementos estrella del Pacto Verde Europeo. La presión del campo también ha llevado a Bruselas a renunciar a pedir recortes de emisiones para el sector agrícola. Sin embargo, el sector agrícola europeo todavía pide más, incluyendo la derogación de cualquier legislación europea que afecte a los agricultores, la inclusión de cláusulas espejo en los futuros acuerdos comerciales con terceros países y más controles a las importaciones.
En la esfera española, el Gobierno central ha recordado que ha destinado 4.000 millones de euros al campo en los dos últimos años y ha distribuido 1.300 millones en ayudas directas a los agricultores en 2023. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha presentado una propuesta de 18 puntos de mejora, entre los que destaca la creación de una nueva agencia para controlar los precios de los alimentos y el carácter voluntario del polémico cuaderno digital.
Por último, la Generalitat ha anunciado que aplazará la puesta en marcha de cualquier nuevo trámite que dependa de su Administración para no sobrecargar a los agricultores y mientras no se active la ventanilla única que deberá rebajar la presión burocrática sobre el sector.