En un importante avance hacia la gestión de los flujos migratorios en España, se ha reunido una cumbre compuesta por los representantes de las dieciocho comunidades autónomas y del Ejecutivo estatal. La cumbre, que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife, tuvo como objetivo principal abordar el reparto de menores migrantes no acompañados que propone el Estado a través de la reforma de la Ley de Extranjería.
El plan es ubicar a un total de 347 niños y niñas en diferentes comunidades autónomas a lo largo del año. Según la propuesta inicial, 26 de estos menores, provenientes de Canarias y Ceuta, serían reubicados en Galicia, la quinta comunidad que acogería el mayor número de niños. Este plan ha sido aprobado por la Xunta, el gobierno autonómico de Galicia, aunque la aprobación no se extiende a la viabilidad de la reforma de la Ley de Extranjería, que aún debe ser aprobada en las Cortes.
Galicia: Un refugio solidario
El presidente autonómico, Alfonso Rueda, había anticipado que Galicia tendría una respuesta «solidaria» a la situación migratoria. Sin embargo, hizo una advertencia al Gobierno central, insistiendo en que el proceso de acogida debería llevarse a cabo bajo «condiciones adecuadas». Rueda pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que proporcionara «recursos económicos» a las comunidades y estableciera «reglas de actuación» comunes.
El punto de partida de esta problemática radica en la saturación que experimentan Canarias, Ceuta y Melilla. En Canarias, por ejemplo, hay 2.000 plazas disponibles para acoger a los migrantes, pero hay 3.000 personas que las necesitan, lo que indica una sobreocupación. Esta situación también se repite en Ceuta y Melilla.
La Comunidad Gallega se prepara para acoger a los 26 menores mencionados, que se sumarán a los 28 que se acordó recibir de Canarias en 2023. Sin embargo, estas cifras ya completan todas las plazas de acogida disponibles en Galicia en la actualidad.
Demandas a la administración central
La conselleira de Política Social, Fabiola García, negoció en nombre de la Comunidad Gallega, participando a través de videoconferencia en la reunión. Junto a ella estuvo Jacobo Rey, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.
Representando a la Xunta, García anunció su voto favorable al reparto propuesto, reafirmando la solidaridad de Galicia con Canarias y Ceuta. Sin embargo, también criticó la ausencia de una política migratoria por parte del Ejecutivo estatal. Entre sus demandas estuvieron la convocatoria de una conferencia de presidentes, la garantía de financiación por parte del Gobierno para atender a los menores hasta que abandonan el sistema de protección y la participación equitativa de todas las comunidades autónomas en el reparto.
Desde la Consellería, se explicó que la administración autonómica había recibido el texto de la reforma el día anterior a la reunión, dejando poco tiempo para su estudio. A pesar de esto, la conferencia sectorial no tiene competencias sobre el documento, ya que estas residen en las Cortes. Por lo tanto, el escrito como tal no sería sometido a votación.
Este importante encuentro marca un paso adelante en el manejo de la migración en España, aunque queda mucho por hacer. La necesidad de una política migratoria sólida es evidente, y las comunidades autónomas están exigiendo que se les proporcione los recursos necesarios para gestionar adecuadamente los flujos migratorios.