En una reacción tajante ante un nuevo revés para el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el Partido Popular ha exigido su destitución inmediata. Esta demanda viene a raíz de la decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de invalidar el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática.
Esta es la segunda llamada de atención que García Ortiz recibe del Supremo, la primera relacionada con la acusación de desvío de poder en otro nombramiento que también involucraba a Dolores Delgado: su ascenso a primera categoría como jefa de la Fiscalía Togada del Supremo.
En un post en las redes sociales, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, denunció la situación, afirmando que la Fiscalía no es una oficina de empleo. En su post, Gamarra destacó que, pese a la creación de un puesto hecho a medida para Dolores Delgado, el Supremo también anuló su ascenso como fiscal de Memoria Democrática. Según Gamarra, García Ortiz no puede permanecer en el cargo «ni un minuto más».
El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprovechará su posición para aprobar una moción consecuencia de interpelación pidiendo la renuncia de García-Ortiz. Aunque no es vinculante, esta moción refleja la voluntad de una de las dos cámaras de las Cortes Generales.
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, acusó al Gobierno de «depravación democrática». En palabras de García, no hay nada más peligroso que «un presidente ególatra y acorralado rodeado de aduladores», refiriéndose a Pedro Sánchez.
Recalcó que España está cansada de la vanidad de un presidente cuyo proyecto está agotado y tiene mucho más pasado que futuro. Su reclamo es que García Ortiz sea cesado para demostrar lo contrario.
La decisión del Supremo viene tras admitir los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y uno de los candidatos a esa plaza, Luis Ibáñez. Estos recursos pedían que se permitiera estudiar la posible incompatibilidad de Dolores Delgado con las actividades que su pareja, el abogado Baltasar Garzón, desempeña en el mismo ámbito.
El órgano que representa a la carrera debe pronunciarse sobre si concurre o no la causa de prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según este artículo, los fiscales no pueden ejercer en las fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o pareja ejerza una actividad que obstaculice el desempeño imparcial de su función.
Los recurrentes destacaron que la pareja de Delgado preside la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que participa activamente en la elaboración de informes sobre materias como las supuestas infracciones del Estado Español de lo dispuesto en la Convención contra las Desapariciones Forzadas.
El PP volverá a denunciar todos estos hechos en el Senado en el debate de la moción que insta al Gobierno a cesar a García Ortiz y a nombrar un sustituto que garantice la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia requerida para el ejercicio del cargo.
En el texto de la moción, fundamentan su petición por el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo.
También el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha denunciado la decisión del Tribunal Supremo, calificándola como un revés para el Fiscal General del Estado y su jefe, Pedro Sánchez. Tellado sostiene que, afortunadamente, el estado de Derecho funciona para quienes creen en la democracia y la separación de poderes, «le pese a quien le pese».
Desde la dirección nacional del PP en la calle Génova, señalan que si la Fiscalía General del estado depende de Pedro Sánchez, como él mismo dijo, la politización «sin precedentes» que vive la justicia es su responsabilidad.
El PP recuerda el Plan de Calidad Institucional propuesto por su líder, Alberto Núñez Feijóo, para acabar con el «sistema clientelar» de designaciones que practica García Ortiz y que ha avalado Sánchez. Acusan al fiscal general del Estado de actuar «como un ministro más» del Gobierno, al igual que aseguran que ejercen su puesto José Félix Tezanos como director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o Concepción Cascajosa en RTVE.
Desde Génova celebran que «la corrección moral que no se puede esperar de este Gobierno llega por parte de la Justicia». Insisten en que García Ortiz debe dimitir o ser cesado tras el nuevo dictamen del Supremo «en contra de sus decisiones arbitrarias».