El escenario actual en el ámbito financiero sigue siendo un campo de batalla para miles de familias que siguen en la lucha de reclamar a sus bancos la totalidad de los gastos que asumieron en el momento de firmar su hipoteca. Estos gastos incluyen los aranceles del Registro, los gastos de gestoría, tasación y parte de los de notaría, según han advertido a EFE fuentes jurídicas.
De acuerdo con Asufin, una asociación sin ánimo de lucro que defiende los usuarios financieros, incluso si la hipoteca ya ha sido pagada, el cliente puede reclamar a su banco los gastos asumidos más los intereses. Sin embargo, si el consumidor no reclama, no recuperará nada.
La cantidad media que las entidades bancarias deberían devolver se estima en unos 1.500 euros. Antes de la Ley Hipotecaria de junio de 2019, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy con Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, prácticamente ocho millones de consumidores asumieron los gastos de hipoteca.
En julio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia que estableció la obligación a las entidades bancarias de devolver todos esos gastos de notaría, gestoría, registro y tasación, a excepción del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
El Tribunal Supremo español también ha emitido varias sentencias al respecto. En julio de 2020 estableció la devolución del 50% de los gastos notariales, el 100% de los de registro y la comisión de apertura. En octubre de ese mismo año fijó la devolución del 100% de los gastos de gestoría y, finalmente, en enero de 2021 obligó a la entidad a devolver el 100% de la tasación.
A pesar de la avalancha de reclamaciones, algunas entidades se negaban a devolver los gastos relacionados con la notaría y el registro con el argumento de que el plazo para hacerlo ya había expirado, si habían transcurrido 5 años, como establece el Código Civil. Sin embargo, a finales de enero, el TJUE estableció que el plazo para recuperar los gastos hipotecarios comienza a contar cuando el cliente conoce que la cláusula es abusiva.
Este fallo abre la puerta a que miles de familias sigan reclamando más allá del 14 de abril de 2024, cuando se cumplan los 5 años de la declaración de abusividad de la cláusula por parte del Supremo, teniendo en cuenta la congelación de plazos procesales que se aplicó durante la pandemia.
Asufin recuerda que la asociación ganó una demanda colectiva contra Kutxabank, Caja España Duero (ahora Unicaja), ING y Deutsche Bank, que beneficia a todos los clientes que hayan pagado por los gastos a estas entidades, sin necesidad de litigar.
Es importante mencionar que si la hipoteca tenía una comisión de apertura, también se podría reclamar. Aunque el Supremo estableció en 2019 que la comisión de apertura no era abusiva, el TJUE consideró que debía ser transparente para ser válida.
Además de los gastos de hipoteca, se suman otras reclamaciones relacionadas con hipotecas, por ejemplo, por los seguros de prima única. En muchos contratos hipotecarios anteriores a 2019 se obligaba al cliente, no solo a contratar un seguro de vida vinculado a la hipoteca, sino a pagar la totalidad de la prima del seguro de vida en el momento de contratarla.
Con todos estos frentes judiciales abiertos, los cinco grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter- recibieron 681.822 reclamaciones en 2023, un 24 % más que un año antes.
De esas más de 680.000 reclamaciones, CaixaBank recibió 343.852, un 32,7 % más, mientras que los clientes presentaron a BBVA 167.998 quejas y a Santander unas 88.326, un 11,1 % y un 15,8 % más, respectivamente. Sabadell recibió 54.884 reclamaciones en 2023, un 31% más, y Bankinter, 26.762, un 25,6 % más.
Los datos demuestran que el camino hacia el reconocimiento y la restitución de los derechos de los consumidores no es un camino fácil, pero lo que es seguro es que la lucha continúa y que cada victoria, por pequeña que sea, es un paso importante en la recuperación de lo que es legítimamente suyo.