El escenario político de España se encuentra plagado de conflictos y controversias. Uno de los más recientes y llamativos ha sido la proposición de ley presentada por Yolanda Díaz, líder del partido político Sumar, que parece haber olvidado las lecciones de la historia reciente de España. Tal olvido solo puede atribuirse a una amnesia política. La propuesta de Díaz aboga por la inclusión de trabajadores, sus representantes y organizaciones sindicales en los consejos de administración de las empresas.
La justificación de la líder de Sumar para esta propuesta, que ha defendido durante años y que ahora presenta en solitario, es la necesidad de impulsar un funcionamiento «más democrático» de las empresas. Díaz sostiene que nadie mejor que un empleado para defender a su empresa, hacer de contrapeso a los gestores y evitar que se tomen decisiones orientadas únicamente al logro de beneficio y al reparto de dividendos.
Sin embargo, esta propuesta, que es claramente intervencionista y populista, parece estar desprovista de un análisis profundo y realista. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo parece haber ignorado el hecho de que una normativa similar existe en Alemania, un país que no criminaliza al empresario y cuyos sindicatos son muy distintos a los españoles.
Díaz debería recordar un episodio reciente y doloroso de la historia financiera de España: la crisis de las cajas de ahorros. Estas entidades llegaron a gestionar la mitad del ahorro en España antes de su desaparición, causada por un grupo de gestores que, en connivencia con el poder político, abusaron del riesgo inmobiliario, buscaron su propio beneficio y se otorgaron sueldos, indemnizaciones y pensiones millonarias.
Es importante destacar que estos gestores casi siempre contaban con el apoyo de los representantes de los trabajadores o de los sindicatos en los consejos de las cajas. Utilizaban esta presencia para influir en la gestión de la obra social de las entidades y para cobrar unas dietas que servían para financiar a sus sindicatos. La desaparecida Caja Madrid de Rodrigo Rato es un buen ejemplo de ello, con uno de sus representantes en el consejo por Comisiones Obreras condenado a tres años de cárcel por el uso fraudulento de tarjetas de crédito opacas al fisco (black).
Esta historia reciente parece haber sido olvidada por la ministra de Trabajo. Los empleados y sus representantes deben tener los necesarios puntos de interlocución con las empresas, pero lejos de los consejos de administración. La propuesta de Díaz es una muestra clara de amnesia política y demuestra una falta de entendimiento de la realidad empresarial española.
Es vital que los políticos se esfuercen por entender el contexto en el que operan las empresas. Deben recordar que el papel de los trabajadores y sus representantes no debería estar en los consejos de administración, sino en la interlocución con las empresas para el beneficio mutuo. La propuesta de Díaz, aunque bien intencionada, parece ignorar estas lecciones importantes de la historia reciente de España.