Las gasolineras de bajo costo están aumentando la presión sobre el gobierno para que aborde los fraudes millonarios perpetrados por empresas piratas en la venta de combustibles. Estas prácticas ilícitas amenazan la viabilidad de muchas empresas que cumplen con la ley y que no pueden competir con los precios bajos obtenidos a través de estas actividades ilegales, especialmente debido a la evasión del IVA.
La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), que representa a gigantes del sector como Ballenoil, Petroprix y Gasexpress, ha alertado a la Agencia Tributaria sobre un «estallido de fraude» por la evasión de impuestos en los combustibles, particularmente en el gasóleo para automoción. Se estima que este fraude puede representar una pérdida de alrededor de 1.000 millones de euros este año, aunque las últimas estimaciones del Ministerio de Hacienda lo sitúan en 700 millones.
La junta directiva de Aesae mantuvo una reunión la semana pasada con los responsables de la Oficina Nacional de Investigación de Aduanas e Impuestos Especiales y del IVA de la Agencia Tributaria. Aesae pidió que las medidas contra el fraude no se limiten a los distribuidores y comercializadores que lo cometen, sino que también se extiendan a las propias gasolineras que se benefician del fraude para vender combustibles a precios anormalmente bajos y que ejercen una competencia desleal contra el resto de las estaciones de servicio. La Agencia Tributaria reconoce que las gasolineras que compran este combustible también son responsables del fraude y que incluso podrían ser penalizadas.
El Gobierno ha lanzado una reforma de la Ley de Hidrocarburos para poner freno a la proliferación de estos fraudes millonarios. Esta reforma, que el Gobierno incluyó en el decreto ómnibus de medidas económicas de fin de año, no entrará en vigor hasta el próximo 28 de marzo.
Una moratoria de tres meses que, según el sector de las gasolineras, ha llevado a un aumento exponencial de las prácticas fraudulentas antes de que se apliquen los cambios legales. En las últimas semanas, alrededor de un millar de las 12.000 gasolineras operativas en el mercado español han estado ofreciendo precios de los combustibles por debajo de los costes mínimos, lo que implicaría la venta a pérdidas. El sector ve esto como una demostración de la proliferación de las ilegalidades.
Aesae está instando al Ejecutivo a no esperar hasta el 28 de marzo para la implementación de la reforma, sino a aplicar las medidas de inmediato. «Si no se toman medidas ahora contra este posible fraude, se extenderá más allá del 28 de marzo, ya que las empresas que defraudan cambiarán su modus operandi para seguir evadiendo impuestos después de esa fecha, con los perjuicios ya mencionados», advierten desde la patronal de las estaciones automáticas.
En las últimas semanas, varias patronales del sector de los combustibles se han unido para pedir medidas adicionales al Ejecutivo para eliminar el fraude en la venta de combustibles. La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP, que agrupa a las grandes petroleras Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Gunvor), organizaciones de gasolineras independientes (Aevecar y UIP), productores de carburantes alternativos (APPA Biocarburantes y Bio-e) y los operadores de las terminales de combustibles (ATLiq, que incluye a Exolum y Disa) están preparando una propuesta conjunta de nuevas medidas fiscales y operativas que presentarán al Ejecutivo para poner fin al fraude.
La reforma legal aprobada por el Gobierno, entre otros aspectos, refuerza la capacidad del Ministerio para sancionar a las compañías que no pagan estas aportaciones obligatorias o todos los impuestos, retirándoles la habilitación oficial como operadores del sector o tomando medidas provisionales de manera urgente antes de terminar el expediente, por ejemplo, inhabilitándolas temporalmente.
El Gobierno está centrando su atención en una nueva regulación de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, ya que entiende que es en este campo donde es más fácil cometer irregularidades. A partir de ahora se les prohíbe suministrar a otras compañías distribuidoras, ejerciendo de facto como mayoristas. La ley de hidrocarburos permitía en su redacción actual que los distribuidores al por menor pudieran suministrar a otros distribuidores.
Cuando se introdujo esta medida en 2015, se consideró que podría tener un impacto favorable tanto en la competencia del sector como en los precios del consumidor final, ya que suponía una apertura del mercado de suministro de combustibles tanto a operadores como a distribuidores. «Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que desde 2015 el efecto ha sido el contrario», argumentan desde el Gobierno.