Imaginemos que un lunes se conoce una noticia inesperada: decenas de barcos procedentes de Estados Unidos se dirigen a Groenlandia. Han partido de varios puertos de Maine, han rodeado Nueva Escocia y Terranova y después han navegado por el mar del Labrador. En ellos viajan miles de ciudadanos estadounidenses. Durante una parte de la travesía, un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos los escolta. Washington afirma que únicamente garantiza su seguridad, aunque algunas imágenes apuntan a que existe contacto entre el buque y la flotilla.
Al final de la jornada, cerca de 30.000 personas han llegado a Groenlandia, muchas a zonas próximas a Nuuk. La isla cuenta con menos de 57.000 habitantes y su capital ronda los 20.000. Los hospitales, los alojamientos y los servicios sociales se ven rápidamente superados. Predominan los hombres, pero también hay familias completas y miles de menores, muchos de ellos niños no acompañados. Esa misma tarde, Donald Trump niega que su Administración esté implicada, aunque vuelve a subrayar el valor estratégico de controlar Groenlandia y reitera los supuestos derechos históricos de Estados Unidos sobre la isla.
La Unión Europea manifiesta estar deeply concerned, mientras el Gobierno danés convoca una reunión urgente para afrontar la situación; su presidenta llega incluso a interrumpir sus vacaciones. La cuestión es cómo debe responder. Quienes han desembarcado son seres humanos y muchos de ellos solicitan asilo. Afirman huir de un país donde los pobres carecen de oportunidades y de acceso a prestaciones básicas. Entre ellos hay enfermos, personas sin hogar y adictos al fentanilo que buscan tratamiento, además de niños. El hecho de que su llegada pueda coincidir con las ambiciones expansionistas de Washington no elimina sus derechos.
Sin embargo, Copenhague entiende que se enfrenta a algo que trasciende una crisis migratoria. Durante la travesía han circulado imágenes de presuntos agentes estadounidenses vestidos de paisano que dan indicaciones a algunos grupos. La Guardia Costera conocía el itinerario. Y cuesta asumir que 30.000 personas hayan cruzado de forma coordinada el Atlántico Norte sin que su Gobierno tuviera conocimiento de ello.
Los 30.000 recién llegados no serían exactamente escudos humanos, sino anclas: anclas humanas. Personas vulnerables empleadas para crear arraigo en un territorio codiciado. Su presencia masiva establecería una realidad nueva, difícil de deshacer desde los puntos de vista político, jurídico y moral.
Se trata únicamente de un experimento mental. Cabe preguntarse cómo responderían ante un escenario así quienes hoy respaldan al Gobierno. ¿Reconocerían que hay algo más que una emergencia humanitaria? ¿Mostrarían con Donald Trump la misma generosidad que dispensan a Mohamed VI?
La teoría de la guerra justa establece una diferencia entre civiles y combatientes. Quienes no toman parte en las hostilidades conservan su inmunidad, incluso cuando su presencia favorece al adversario. Pero la duda surge cuando esa presencia se convierte en el mecanismo para obtener un territorio. Los recién llegados seguirían siendo civiles y personas vulnerables que deben ser protegidas, aunque desempeñarían la función estratégica que antes correspondía a los soldados. La Marcha Verde tampoco queda tan lejos.
¿Es posible una invasión sin invasores? ¿Puede producirse una conquista cuando quienes ocupan el terreno no son combatientes, sino personas a las que el Estado afectado debe amparar? Y, especialmente, ¿no tendría que ser idéntica la respuesta si el caso ocurriera en Ceuta o en Groenlandia?