Sanidad logra el apoyo de las comunidades a su plan antitabaco tras comprometerse a consultarles para ampliar los espacios sin humo

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo tras varios días de deliberaciones sobre el plan antitabaco, estableciendo una hoja de ruta para las acciones a tomar en los próximos años en la prevención del tabaquismo. Aunque hubo diferencias iniciales entre la mayoría de las regiones, principalmente las gobernadas por el PP, y el departamento dirigido por Mónica García, el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a consultar a las comunidades autónomas en la elaboración de la legislación que regulará el consumo de tabaco en distintos espacios.

Además, el Ministerio prometió que la propuesta de incremento de los impuestos al tabaco sería finalista, es decir, los ingresos obtenidos se destinarían a políticas de salud. Con estas garantías, todas las comunidades autónomas se han unido a la estrategia.

El resultado no era en absoluto esperado. Antes de la reunión, que duró alrededor de cinco horas, las comunidades autónomas del PP alegaban que no se habían seguido los mecanismos adecuados para aprobar este plan. Se convocó de manera extraordinaria a la Comisión de Salud Pública, que se reunió el pasado miércoles para debatir el plan.

El Ministerio ofreció a las comunidades un plazo de 24 horas para votar su adhesión mediante un «acuerdo de colaboración», un plan flexible al que las regiones podían sumarse en su totalidad o solo en determinados puntos. Sin embargo, solo cinco regiones expresaron su postura al departamento de García, alegando que la Comisión de Salud Pública no era el órgano adecuado para votar este acuerdo, ya que excedía sus competencias.

Las comunidades presentaron 157 alegaciones al plan, la mayoría de las cuales fueron aceptadas, excepto diez. Muchas de estas alegaciones solicitaban una memoria económica del plan, una petición que Sanidad rechazó al considerar que, al tratarse de una hoja de ruta, no lo requería. En su lugar, las normas que se desarrollen en base a este plan deberían incluir dicha memoria económica.

Además, se pidió que se consideraran los váper como una ayuda para dejar de fumar, incluso hasta el punto de que los médicos pudieran recetarlos, al igual que otros tratamientos de deshabituación tabáquica. Sin embargo, el Ministerio rechazó esta propuesta.

El ‘Plan integral de prevención y control del tabaquismo (PIT) 2024-2027’ es una hoja de ruta que establece las acciones a seguir en los próximos años con el objetivo de reducir el tabaquismo en España. Incluye medidas como la ampliación de los espacios sin humo, lugares en los que no se podrá fumar.

Aunque el texto no especifica los espacios concretos, los dirigentes del Ministerio han sugerido lugares como las terrazas de los bares, las marquesinas de transporte público, las playas y las universidades. Sin embargo, será una futura ley la que determine estos espacios.

El plan también contempla otras medidas como el aumento de los precios de las cajetillas de tabaco a través de nuevos impuestos, algo que Sanidad deberá discutir con el Ministerio de Hacienda. También propone la creación de una nueva figura impositiva para los cigarrillos electrónicos. En este sentido, busca equiparar estos nuevos dispositivos para fumar, como los váper, con el tabaco tradicional, así como regular su venta y consumo.