La nueva normativa europea que promueve la sostenibilidad corporativa y la responsabilidad social de las empresas ha obtenido el aval de los gobiernos europeos. La Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDD), que insta a las multinacionales a supervisar y asegurar que todos sus proveedores cumplan con los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental, ha logrado avanzar, aunque se ha diluido en el proceso.
El compromiso resultante de este esfuerzo legislativo excluye ciertos sectores de alto riesgo y limita el alcance de la normativa a empresas con más de 1.000 empleados y una facturación de 450 millones de euros en la Unión Europea (UE).
Las negociaciones para la aprobación de esta directiva se han visto obstaculizadas por la resistencia de algunos estados miembros. Hace dos semanas, 14 estados miembros bloquearon el intento de llegar a un acuerdo. En la última votación, 9 países se abstuvieron y una décima delegación planteó una reserva. Sin embargo, no lograron formar una minoría de bloqueo como sucedió en febrero. España, Francia e Italia apoyaron la aprobación de la normativa. Alemania, Austria y otras delegaciones de Europa central y del este se abstuvieron.
La nueva normativa se aplicará a empresas europeas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual. Este umbral es significativamente mayor que los 500 empleados y 150 millones de euros de facturación propuestos inicialmente. La directiva también se extenderá a empresas de terceros países que facturen en la UE 450 millones de euros.
Sin embargo, la normativa ahora excluye el apartado sobre sectores de alto riesgo que existía en la propuesta original. Esto significa que las compañías con más de 250 empleados y una facturación de 40 millones de euros, de las cuales al menos 20 millones se generan en sectores como la fabricación y comercio mayorista de textiles, prendas de vestir, calzado o agricultura, quedarán fuera del alcance de la normativa.
La ONG Oxfam señala que esta nueva versión de la normativa significará que menos de 5.500 empresas europeas tendrán que cumplir con la ley, en comparación con las 17.000 empresas que se habrían visto afectadas bajo el acuerdo cerrado en diciembre.
Si la ley entra en vigor a finales de 2024, la mayoría de las empresas (con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación) sólo tendrán que cumplir las normas a partir de 2029. Aquellas con más de 5.000 empleados y una facturación anual superior a 1.500 millones de euros, deberán cumplir a partir de 2027. Mientras que las empresas con más de 3.000 empleados y una facturación anual de 900 millones de euros deberán hacerlo a partir de 2028.
La aprobación final de la directiva recae en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la UE. Una vez que esta comisión apruebe el texto revisado por los Veintisiete, será el pleno quien concluya la tramitación con la votación en la sesión plenaria de abril. Esta normativa representa un avance significativo en la promoción de la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad, aunque su alcance y eficacia aún son objeto de debate.