Investigación en curso por presunto delito de malversación en el Ayuntamiento de Pozoblanco

La Fiscalía de Córdoba ha iniciado diligencias de investigación en relación con un caso perturbador de pago indebido de salarios en el Ayuntamiento de Pozoblanco. Este caso se centra en un trabajador que estuvo varios meses cobrando del Ayuntamiento sin prestar ningún servicio. El Ministerio Público está poniendo bajo escrutinio al Gobierno municipal por un presunto delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación, según ha confirmado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia a ABC.

El caso fue inicialmente denunciado por el grupo municipal del PSOE en Pozoblanco, que descubrió que un trabajador, contratado por medio de un plan de apoyo al empleo de la Junta, estuvo recibiendo un salario durante varios meses sin desempeñar ninguna tarea laboral. Para añadir un toque de controversia adicional, se ha descubierto que este trabajador es el hijo de la secretaria personal del alcalde, Santiago Cabello (PP).

El concejal socialista llevó el caso ante la Fiscalía, alegando presuntas irregularidades en la contratación del trabajador mediante los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Este asunto ha culminado en la formación de una comisión de investigación.

El Gobierno municipal bajo el escrutinio

El portavoz del grupo municipal socialista, Rafael Villarreal, fue el encargado de presentar el caso ante el Ministerio Público. Según Villarreal, fue alentado a hacerlo por el propio regidor durante una sesión plenaria, quien le instó a acudir a los tribunales si veía indicios de irregularidades.

Villarreal aseveró que tomaron esta decisión por pura «responsabilidad política» y porque «había que hacerlo». Según los socialistas, se han producido hechos de gravedad que podrían ser delito. El portavoz socialista defendió esta postura, afirmando que las posibles ilegalidades «no se pueden ver en una comisión de investigación», cuya creación fue aprobada por unanimidad en el Pleno a finales de enero a instancias del PSOE e IU.

El grupo municipal socialista solicitó la creación de la comisión de investigación con el objetivo de escuchar las explicaciones del alcalde y de los implicados y porque era la única vía de acceso a la información, aunque aún no han recibido parte de la información solicitada.

Esta controversia ha llevado a la destitución del concejal de Empleo, Gerardo Arévalo, quien también fue expulsado del grupo municipal del PP. Los populares justificaron su decisión citando su incapacidad manifiesta para trabajar en equipo y sus continuos enfrentamientos y faltas de respeto hacia sus compañeros de grupo. Gerardo Arévalo, por su parte, replicó que el regidor estaba al tanto de la situación de este trabajador desde el principio y que él, durante su mandato como Concejal de Empleo, sólo intentó «que no hubiera irregularidades».

El caso continúa en desarrollo y sigue siendo objeto de una intensa investigación por parte de la Fiscalía de Córdoba. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Pozoblanco y aquellos implicados en el caso están bajo un creciente escrutinio público. La comunidad aguarda con expectación mientras se desentrañan los detalles de este presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación.