Las organizaciones de víctimas de abusos a menores rechazan la invitación de la Conferencia Episcopal Española

Las asociaciones de víctimas de abusos a menores que han tenido reuniones previas con representantes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han decidido rechazar la invitación para el encuentro programado para el viernes 21 de junio. Esta reunión fue convocada por el presidente del Episcopado, Luis Argüello, y el presidente de la Confederación de Religiosos (Confer), Luis Díaz.

Las organizaciones, incluyendo la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra, Lucralis y Justice Initiative, consideran que sus peticiones hechas durante su última reunión con los eclesiásticos en marzo, han sido ignoradas. Estas organizaciones habían tenido una reunión con ambos eclesiásticos el 25 de marzo, pero han decidido no acudir a la nueva convocatoria porque consideran que las peticiones que realizaron entonces «han quedado reducidas a papel mojado».

A principios de este mes, cuando Luis Argüello y José Cobo, presidente y vicepresidente de la CEE, anunciaron la preparación de un plan de reparación para las víctimas, estas mismas organizaciones rechazaron la propuesta porque consideraron que no se les estaba teniendo en cuenta en el proceso. En un comunicado, declararon que «Es innegociable, partir desde un cimiento de transparencia, agenda y medidas concretas, [la] presencia de representantes de las víctimas en las tomas de decisión, previas y posteriores». Ahora, a pesar de haber sido convocadas, junto al resto de organizaciones de víctimas y entidades que trabajan con ellas y en defensa de los menores, han preferido no asistir a la reunión.

Las demandas de las organizaciones de víctimas

A través de un comunicado, las organizaciones han transmitido a la CEE sus peticiones y reflexiones. La primera de estas es su deseo de «conocer la cuantía del fondo del que van a disponer para indemnización económica para las víctimas y qué criterios se aplicarán, así como cuál será la cuantía mínima preestablecida». Este será el tema principal que se discutirá el próximo viernes. Según la convocatoria de la Conferencia Episcopal, el objetivo es compartir los «criterios de reparación para víctimas que han sufrido abusos sexuales y cuyos victimarios han fallecido o cuyos casos están prescritos».

Las entidades de víctimas también parecen molestas porque la convocatoria del Episcopado esté dirigida, según afirman, «a toda suerte de asociación que defiendan los derechos de la infancia y la adolescencia en un plano generalista poco concreto», porque entienden que eso puede «difuminar el objetivo concreto». Dos de las entidades firmantes, Justice Initiative y Lucralis, no son específicamente asociaciones de víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia católica, sino más bien entidades de ayuda. La segunda, Lucralis, se dedica a la «prevención y sensibilización de los abusos a menores dentro y fuera del ámbito familiar», tal como indica en su página web.

La tercera de las peticiones tiene que ver con otro rechazo. Las organizaciones han declarado: «No queremos una ‘reparación espiritual’ por parte de la Iglesia católica ni acudir a sus confesores». Aunque la Conferencia Episcopal ha hablado de un plan de reparación integral, que comprende tanto una respuesta material como la psicológica y la espiritual, la reunión del viernes parece estar más centrada en la primera, ya que se trata de decidir los criterios para el pago de indemnizaciones cuando no es posible la celebración de un juicio, porque ha prescrito el delito o ha fallecido el abusador.

Las cuatro entidades de víctimas también exigen que «se elimine el informe ‘Para dar luz’», elaborado por la Conferencia Episcopal a partir de sus propios datos y los de la auditoría que encargó al bufete de Cremades & Calvo Sotelo. Según las organizaciones, en este informe «no se recogen nuestras denuncias y se duda de la credibilidad de nuestros testimonios, reduciendo la casuística real hasta límites falsos, cuando no mentirosos». «Nunca iniciaremos un trabajo con ese informe como punto inicial de referencia, ya que lo consideramos ofensivo y revictimizador». El Episcopado reconoció errores significativos en la edición de este texto presentada en diciembre, por lo que ya se está trabajando en una nueva versión revisada y corregida en colaboración con la Confer.

Por último, las organizaciones piden saber el tiempo estimado para el inicio de la entrega de las indemnizaciones económicas y cuánto tiempo podría durar el proceso. Aunque la convocatoria de los obispos afirma que «queremos escucharlos y dialogar con ustedes para establecer un plan de reparación», las cuatro entidades sostienen que sus peticiones «no coinciden con el contenido de la reunión».

Además, como ya lo hicieron cuando Argüello y Cobo anunciaron la fecha de presentación de este plan, critican todo el proceso de trabajo con los abusos por parte de la Iglesia católica. «En opinión de estos cuatro colectivos, y a día de hoy, no se ha demostrado ni el respeto debido con niñas y niños, algunas y algunos ya adultos, que sufrieron violencia sexual en pleno proceso de forja de sus personalidades, ni voluntad efectiva de reconocer, reparar e indemnizar», aseguran. Según estas asociaciones, «para construir un edificio sólido, creíble y consistente, es indispensable e irrenunciable, poner los cimientos necesarios», que a día de hoy exponen que «no se han colocado». «Y esa anunciada reunión del día 21, en nuestra opinión, no tiene visos de colocar», concluyen.

Con algunas de estas entidades, en concreto con ANIR, cuyo presidente actual es Juan Cuatrecasas, exdiputado del PSOE por La Rioja y padre de la víctima del caso Gaztelueta, los obispos ya se han reunido en cuatro ocasiones. La primera vez fue hace cinco años con el entonces presidente, el cardenal Ricardo Blázquez. Más tarde también se encontró con Luis Argüello, aunque esta vez en calidad de secretario general de los obispos, y en marzo de 2022 se reunieron con el cardenal Omella en la sede de la Conferencia Episcopal. La última reunión fue la del 25 de marzo, convocada después de que Argüello y Cobo salieran a saludar a estas entidades de víctimas, congregadas en protesta ante la puerta de la Conferencia Episcopal, en lo que fue su primer gesto público tras ser elegidos al frente del Episcopado.

Dos de estas asociaciones, ANIR y la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra, también se negaron a colaborar con la auditoría que la Conferencia Episcopal encargó a Cremades & Calvo Sotelo. En esa ocasión aprovecharon la reunión con el cardenal Omella en la sede de la Conferencia Episcopal para anunciar que no consideraban a Cremades «un interlocutor válido». El motivo era su pertenencia al Opus Dei, propietario del colegio Gaztelueta donde se produjeron los abusos a Juan Cuatrecasas, hijo del exdiputado homónimo y de Ana Cuevas, que en aquella reunión presidía ANIR y que ahora está al frente de la sección española de Justice Initiative.