El Ministerio de Trabajo, liderado por la ministra Yolanda Díaz, ha tomado una decisión estratégica como parte de sus esfuerzos por llegar a un acuerdo con la patronal sobre la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales. La estrategia implica postergar la implementación de la reducción horaria, permitiendo que cada sector se ajuste a la nueva norma a su propio ritmo según sus propias necesidades.
Esta decisión no sorprende a los expertos en el diálogo social, ya que era ampliamente conocido que la reforma estrella de la legislatura, prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2025, enfrentaba dificultades. El programa electoral de la coalición es muy específico, pero la demora en las negociaciones y el inicio de las conversaciones sobre esta cuestión en julio complicó la reorganización de los calendarios laborales de las empresas para reducir la jornada laboral de sus empleados en un promedio de dos horas y media diarias.
Un paso intermedio antes de las 37,5 horas semanales
Antes de llegar a las 37,5 horas semanales, el plan del Gobierno contempla un paso intermedio para reducir la jornada a 38,5 horas. Sin embargo, se considera virtualmente imposible que esta medida se aplique este año, ya que aún no se ha definido cómo se concretarán las cláusulas de transitoriedad.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha justificado la decisión del Ministerio de Trabajo, afirmando que «no vamos a dejar caer un acuerdo» ahora que la patronal ha entrado a negociar. Los empresarios habían solicitado que se esperara al vencimiento de los convenios colectivos para empezar a reducir la jornada laboral. Pérez Rey respondió a esta solicitud ofreciendo una «incorporación paulatina» y «pasos flexibles para incorporar esta medida legal» en su día a día.
Sin embargo, el optimismo del Ministerio de Trabajo no es compartido por los sindicatos. CCOO y UGT perciben un «cierto atascamiento» en la negociación y advierten de que esta entra en «bucle». Los sindicatos han pedido al Gobierno que defina el margen que pretende dar a las empresas para implementar la nueva norma. «Transitoriedad sí, aplazamientos no», ha resumido el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.
Los sindicatos no se oponen a la dilación de la implementación de la norma, pero insisten en la necesidad de cerrar las negociaciones pronto. Temen que cuánto más se demore el cierre de la negociación, más se alejará la fecha de su implementación. Han advertido de que si no se produce un avance claro en la mesa del 29 de julio, seguirán negociando, pero también convocarán movilizaciones en la calle a partir de septiembre.
El secretario de Estado de Empleo se muestra optimista de llegar a un acuerdo que incluya a sindicatos y patronal, a pesar de las claras reticencias expresadas por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la reciente asamblea general de su entidad. «No hay ninguna objección de calado que justifique que las cuatro partes que nos sentamos a la mesa se sumen a un acuerdo social», ha afirmado Pérez Rey.
Desconexión digital y la distribución irregular del horario laboral
Durante la penúltima reunión, el Ministerio de Trabajo propuso aumentar la capacidad de las empresas para distribuir de manera irregular la jornada laboral de sus empleados a lo largo del año. También propuso endurecer las sanciones para las empresas que impongan horarios que perjudiquen directamente la salud de sus empleados.
Este lunes, Pérez Rey aceptó demorar la aplicación de la reducción de jornada y anunció cambios en la regulación de la desconexión digital. La normativa actual prohíbe que las empresas llamen a sus trabajadores fuera de horario o les bombardeen con correos, y el secretario de Estado de Empleo ha abogado por «trabajar menos y no ser molestados fuera de hora». Sin embargo, no especificó cómo pretende modificar la actual legislación relativa a la desconexión digital.