Fecha límite para la reforma de pensiones: 31 de julio

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los agentes sociales han establecido el 31 de julio como fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre el paquete de reformas del sistema de pensiones. Estas negociaciones, que se llevan a cabo desde finales de 2023, abarcan temas como la jubilación activa y parcial, la mayor implicación de las mutuas colaboradoras en los tratamientos traumatológicos y los coeficientes reductores para el retiro anticipado.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, junto a la patronal y sindicatos, mantuvieron una reunión reciente para avanzar en estos cambios. Aunque desde el Gobierno se insiste en que se desea alcanzar un acuerdo cuanto antes, la reunión no resultó en un acuerdo tangible más allá de la fecha límite establecida.

El progreso en las negociaciones ha sido lento en todas las áreas y el mayor obstáculo sigue siendo la jubilación parcial. El Gobierno no está dispuesto a aceptar las demandas sindicales que buscan retornar a las condiciones previas a la reforma de 2013, dado que esto implicaría un aumento en el gasto público. Por otro lado, los sindicatos se niegan a aceptar acuerdos que beneficien a algunos sectores y no a otros, o que requieran la renovación anual de los acuerdos, como ocurre actualmente en la industria manufacturera.

La participación de las mutuas en el tratamiento de las bajas traumatológicas

Pese a las dificultades en la negociación sobre la jubilación parcial, parece haber más avances en el nuevo protocolo para aumentar la participación de las mutuas colaboradoras en el tratamiento de las bajas de origen traumatológico. El objetivo es agilizar la asistencia médica, acelerar la recuperación y reincorporación al puesto de trabajo.

Si un empleado sufre una lesión traumática en su tiempo libre, como romperse una pierna jugando al fútbol, actualmente debe esperar su turno para ser tratado en la Seguridad Social. Esta espera puede ser prolongada debido a la congestión en los servicios de salud. La propuesta de la Seguridad Social es que estas intervenciones sean asumidas por la mutua, lo que aceleraría la recuperación y reincorporación al trabajo.

Esta propuesta no implicaría nuevos pagos desde el erario público, ya que los costes serían cubiertos por los excedentes de las mutuas, que ya reciben dinero de la Seguridad Social vía cotizaciones.

Cristina Estevez, secretaria de política institucional de la UGT, explica que este proceso estaría «acotado, solo para patologías de carácter traumatológico y siempre con el consentimiento previo de cada actuación por parte del paciente». Además, el seguimiento del tratamiento seguiría estando en manos de la sanidad pública.

Sin embargo, la CEOE no está conforme con esta propuesta, ya que esperaban que las mutuas tuvieran mayor autonomía en la gestión del tratamiento. Los empresarios quieren que toda dolencia traumatológica sea directamente derivada a las mutuas.

El contrato de relevo y la jubilación parcial

En cuanto a la jubilación parcial, el Gobierno ha propuesto vincular el acceso a la misma a un contrato de relevo. Es decir, para que un trabajador veterano pueda retirarse, debe ser reemplazado por un joven con contrato indefinido y a tiempo completo. Sin embargo, los empresarios se oponen a esta condición y proponen poder sustituir a los jubilados parciales por empleados fijos discontinuos contratados a través de empresas de trabajo temporal.

Es evidente que, a pesar de los avances en algunas áreas, aún queda mucho camino por recorrer para llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. La fecha límite del 31 de julio se acerca rápidamente y el tiempo para alcanzar un consenso se está agotando.