El Gobierno español está trabajando arduamente para reformar las pensiones, especialmente en lo que se refiere a la jubilación activa. Esta opción permite a los profesionales que han alcanzado la edad de jubilación cobrar su pensión, pero continuar trabajando y ganando un salario.
Según datos de la Seguridad Social, aproximadamente 64,000 personas, o el 1% de los 6.5 millones de pensionistas jubilados en España, están actualmente empleando la fórmula de jubilación activa. Sin embargo, el Gobierno tiene la intención de atraer a más personas a este sistema, para lo cual está considerando cambiar las reglas de acceso e incentivar a los jubilados a mantener esta dualidad a largo plazo.
¿Quiénes son los beneficiarios de la jubilación activa?
Principalmente, son los trabajadores autónomos los que ejercen la jubilación activa, aunque también está disponible para los asalariados. Para los autónomos, esta opción ofrece una fuente de ingresos adicional a una pensión que puede no ser suficiente. Aunque es menos frecuente entre los asalariados, se observa principalmente en profesiones altamente cualificadas y valoradas, que son difíciles de reemplazar dentro de una empresa.
Para acceder a la jubilación activa, los interesados deben esperar un año después de jubilarse antes de poder comenzar a combinar salario y pensión. Además, es necesario no haber anticipado la edad de jubilación y haber cotizado los años suficientes para tener derecho a percibir el 100% del importe de la pensión.
Una vez que se accede a la jubilación activa, el trabajador jubilado puede ingresar toda o parte de su pensión. Sin empleados a cargo, el jubilado recibirá el 50% de su pensión, y si tiene al menos uno, recibirá el 100%.
En la actualidad, para acceder a esta modalidad es necesario no haberse jubilado antes de la edad legal, que actualmente es de 66 años y medio, y tener suficientes años de cotización para poder cobrar el 100% de la pensión.
La jubilación activa está diseñada para aumentar los ingresos de una persona que está físicamente capaz de seguir trabajando y que se beneficiaría de complementar su pensión. Es por eso que el colectivo de autónomos es uno de los principales usuarios de esta opción, ya que sus contribuciones durante su vida laboral, que hasta ahora no estaban relacionadas con el volumen de ingresos, eran reducidas.
Este sistema de cotizaciones reducidas se traduce en pensiones bajas para profesionales con altos ingresos y acostumbrados a un nivel de gasto acorde con los mismos. Profesionales como médicos, informáticos, consultores o arquitectos son habituales en la gestión de este papeleo, según Aurora Rodés, responsable laboral del Col·legi de Gestors de Catalunya.
El Gobierno no está satisfecho con el alcance actual de la jubilación activa, que sólo atrae al 1% de los jubilados, y tiene como objetivo mejorar sus condiciones. Para ello, están negociando con la patronal y los sindicatos una reforma, cuyas últimas propuestas pueden estar sujetas a cambios.
Según lo remitido a los agentes sociales, el esquema propuesto por el Ministerio liderado por Elma Saiz implicaría reducir los ingresos de los jubilados activos en las primeras etapas, para aumentarlos a medida que continúan en actividad.
En el esquema propuesto, un jubilado activo comenzaría cobrando el 30% de su pensión y la totalidad de su salario en el primer año. Este porcentaje irá aumentando y en el tercer año alcanzará el 50%, como está actualmente. A partir de ahí, seguirá aumentando, hasta alcanzar el 100% de la pensión y el 100% del salario.
Además, se eliminaría la obligación de haber alcanzado el equivalente en cotizaciones al 100% de la pensión, lo que permitiría a más personas, especialmente mujeres, acceder antes a la jubilación activa. También, el Gobierno quiere permitir a los jubilados activos acceder a los beneficios de la jubilación demorada, es decir, a un plus del 4% sobre su pensión por cada año que decidan seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación.
Por ejemplo, un jubilado que accede a un empleo como autónomo con ingresos de 2,000 euros al mes y tiene derecho a una pensión de 1,441 euros (la actual pensión media) y no tiene asalariados a cargo, antes de la reforma, cobraría siempre un total de 2,720 euros brutos (2,000 euros de ingresos laborales y 720,5 euros de pensión). Con la reforma propuesta, y partiendo de cálculos aproximativos, el primer año cobraría 2,449 euros al mes, el tercero 2,779 euros y a partir del quinto 3,685 euros.