El recién instaurado índice de precios de referencia para el alquiler del Gobierno español, que entra en vigor este sábado, ha levantado revuelo en el sector inmobiliario. La medida, que en la práctica pone límites a un 30% de los precios de mercado, según los intermediarios inmobiliarios, ha suscitado escepticismo y preocupación. Los críticos de la iniciativa sostienen que su impacto en la reducción de las rentas será escaso, ya que afectará principalmente a los nuevos contratos y podría desincentivar el aumento de la oferta de viviendas en alquiler.
El nuevo mecanismo de control de precios del alquiler se aplica en zonas tensionadas, y hasta el momento, sólo ha sido solicitado por Catalunya, que ha anunciado un anticipo electoral para el próximo 12 de mayo tras no haber podido sacar adelante sus presupuestos para 2024. El índice se dirige especialmente a grandes tenedores en zonas tensionadas, personas físicas o jurídicas titulares de cinco o más inmuebles residenciales ubicados en dichas áreas. Sin embargo, la mayoría de la oferta de alquiler está en manos de pequeños propietarios, para los que ya existe un tope en las actualizaciones de los contratos del 3%.
Según el portal inmobiliario Fotocasa, el mercado de la vivienda está conformado en su mayoría por un 80% de pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas, y solo un 10% de particulares poseen tres inmuebles o más. El director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha expresado escepticismo sobre la nueva medida, al citar «grandes cuestiones a su alrededor que, por el momento, no tienen respuesta». Font plantea preguntas sobre la administración encargada de desarrollar la nueva ley, qué régimen sancionador existe y quién lo aplicará, y cómo se debe acceder a información tan importante como si el propietario al que voy a alquilar una vivienda es gran tenedor o no.
Guifré Homedes Amat, director general de la inmobiliaria catalana Amat, considera que «la nueva ley va a hacer que los arrendadores sean cada vez más exigentes a la hora de escoger a sus inquilinos, lo que perjudicará a las rentas más bajas». Amat ve la situación actual de la vivienda en España como una «crisis solapada», tanto de oferta como de demanda.
El sector inmobiliario alerta que el índice podría tener un efecto contrario al deseado y desalentar a los propietarios para sacar nueva vivienda al mercado, lo que reduciría aún más la oferta y tensionaría más los precios. Esto, a la vez, aumentaría los alquileres temporales o turísticos para sortear la ley de vivienda.
La patronal española de promotores y constructores APCE advierte que va a monitorizar los efectos que pueda tener sobre la oferta y el precio. Por su parte, el portal inmobiliario Idealista sostiene que el índice del Gobierno ofrece precios un tercio más bajos que los del mercado, situándolos en valores de 2017, cuando aún no era patente la escasez de oferta.
La asociación de propietarios de vivienda en alquiler Asval se ha mostrado en contra del control de precios, que cree que no ayudará a la accesibilidad, y pide que se escuche al sector. Alquiler Seguro, que gestiona 22.000 inmuebles, ha concluido que de media están 130 euros más caras, más de un 14 % por encima de lo que marca el índice.
Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya sitúan esta diferencia en el 20% de media y creen que el descenso de las rentas ascendería hasta un 25% por debajo del precio comercial propuesto. Finalmente, Grupo Mutua de Propietarios señala que una encuesta a 2.000 personas revela que el aumento del mercado de alquiler ilegal (29%) y la reducción de la oferta (29%) son los principales temores de este índice.