La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha utilizado su primer discurso como máxima representante del Ministerio Fiscal en la Apertura del Año Judicial para responder a las críticas recibidas en los últimos meses por una institución que vivió con estupor y bochorno la condena de su antecesor, el ex fiscal general Álvaro García Ortiz, que decidió mantener el cargo hasta el juicio.
Ante el Rey Felipe VI, Peramato ha afirmado que el Ministerio Fiscal asume la exigencia de estar sometido al escrutinio público. No obstante, ha advertido de que «transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad».
Durante el acto solemne celebrado en el Tribunal Supremo, ha censurado que en ocasiones se exponga la actuación procesal de los fiscales mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos. También ha lamentado que se cuestionen decisiones concretas sin considerar sus fundamentos legales, que se atribuyan motivaciones espurias a valoraciones jurídicas y que se clasifique a los fiscales como buenos o malos en función de si su posición procesal beneficia a unos u otros.
Peramato ha recalcado que todos los integrantes pertenecen a una institución única, que interviene de manera imparcial en los procedimientos y con sujeción exclusiva a la ley. La fiscal general, cuestionada por haber favorecido que la condena penal de García Ortiz no tuviera consecuencias disciplinarias y por impedir al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitar la mayor rebaja de pena para el empresario Víctor de Aldama —que posteriormente impuso el Supremo—, ha insistido en que los fiscales actúan conforme a los principios de legalidad e imparcialidad y que sus decisiones quedan sometidas al criterio final de los tribunales.
La fiscal general no ha hecho referencia expresa a la condena de García Ortiz y ha dedicado únicamente dos párrafos al fenómeno de la corrupción, en plena oleada de casos que afectan al Gobierno que la nombró y al PSOE.
Sobre la corrupción, ha señalado que es un «fenómeno que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública». Ha añadido que su investigación y persecución requieren del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, especialmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se aprovechan de las responsabilidades de su cargo. Por ello, ha destacado que la lucha contra la corrupción es una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española.
Peramato también se ha referido al asalto sufrido por la ciudad autónoma de Ceuta los días 30 y 31 de julio. La fiscal general ha decidido reforzar allí la plantilla del Ministerio Público con tres nuevos fiscales y ha trasladado un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía ceutí, que, según ha expuesto, afronta situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y cercanía hacia las personas migrantes en especial situación de vulnerabilidad llegadas a las fronteras.
Asimismo, ha defendido la necesidad de preservar el principio de legalidad y de recuperar una situación de plena seguridad y normalidad, algo que, ha precisado, no es incompatible con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.
Finalmente, y en línea con sus antecesores, Peramato ha reclamado un cambio del modelo penal para que los miembros de la cúpula fiscal asuman la dirección de las investigaciones penales. Se trata de una reivindicación histórica del Ministerio Público que ningún Gobierno ha puesto en marcha pese a las reiteradas demandas internas. «La atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal no constituye una reivindicación corporativa. Se trata, ante todo, de una exigencia de racionalidad institucional orientada a reforzar las garantías del proceso penal y, en definitiva, a fortalecer la calidad de nuestro Estado de Derecho», ha concluido.