En medio del auge digital y la creciente dependencia de los servicios en línea, una práctica ilegal persiste en el sombrío mundo de los servicios públicos: el mercadeo de citas previas. A pesar de los esfuerzos de la Administración para detenerlo, esta práctica ilícita florece en las redes sociales, especialmente en Facebook, y en los portales de venta de productos de segunda mano como Milanuncios y Wallapop.
Los intermediarios que se dedican a este negocio ilícito ofrecen citas previas a las personas que necesitan ser atendidas con urgencia en el Sepe o la Seguridad Social. Por ejemplo, en Milanuncios, un usuario publicita «Se sacan citas SEPE urgente área de Barcelona».
El proceso de compra es sencillo. Un interesado envía un mensaje, y el intermediario responde con los detalles de la cita previa. Los únicos datos necesarios son el DNI, el nombre del interesado y el municipio donde quiere ser atendido.
La frustración que genera el llenado del formulario en línea en la página web del Sepe y no poder obtener una cita es el caldo de cultivo perfecto para estos intermediarios. La tarifa que cobran puede variar de 15 a 50 euros.
El mercadeo de citas para administraciones como el Sepe o la Tesorería General de la Seguridad Social se acentuó especialmente en los primeros compases de la pandemia. Fue entonces cuando los intermediarios, aprovechando las restricciones sanitarias, bloqueaban franjas horarias y luego las revendían por cauces ilegales.
El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, alertó de esta situación el verano pasado. Asimismo, el entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoció que alrededor del 1% de las citas las cazaban “robots” para su posterior comercialización.
En mayo de 2023, la Policía Nacional desarticuló una red dedicada a este mercadeo. Vendían citas para extranjería entre 30 y 200 euros. Un total de 94 personas fueron detenidas como presuntas involucradas en la organización criminal, 69 de las cuales fueron arrestadas y otras 25 investigadas.
La reventa de citas previas puede parecer menudeo en comparación al negocio que hacen algunos abogados con la promesa de una cita para ser atendido en las oficinas de extranjería y poder así tramitar los papeles de residencia.
Un caso es el de Jorge (nombre ficticio para preservar su anonimato), quien llegó de Latinoamérica hace unos meses para establecerse en Barcelona. A través de un amigo de su padre, contactó a una abogada que prometía asesoría, tasas y resolver todos los trámites por 350 euros.
Sin embargo, el caso de Jorge no avanzaba, y la abogada llegó a reconocer que no veía factible conseguirle el permiso de trabajo. Aunque prometió devolverle el dinero a finales de febrero, Jorge aún no ha recibido nada.
El caso de Jorge no es único. En la oenegé T’Acompanyem, donde comparte su experiencia, ha escuchado presuntas estafas más graves. Según cuenta, hay personas que explican que abogados les han llegado a cobrar 1.000 euros sin brindar ningún servicio. Esta entidad, sin ánimo de lucro, ofrece asesorías gratuitas y un lugar común donde ayudarse unos a otros.