El Tribunal Constitucional (TC) de España ha admitido a trámite por unanimidad, en un plazo mínimo y con pocas formas, el recurso del Gobierno, suspende la resolución independentista del Parlamento catalán y amenaza con consecuencias penales a 21 altos cargos catalanes. Surgen cuestionamientos en torno a si el recurso del gobierno y las amenazas penales pueden fomentar el independentismo, ya que parecen evocar dictaduras y totalitarismos, lo cual está completamente ajeno a la idea original del TC.
Esta situación plantea un desafío de sensatez en el panorama político. Si un jugador decide cambiar de deporte, es inútil y obstinado intentar obligarlo a seguir jugando al antiguo, y luego denunciarlo al árbitro para que lo someta a las viejas reglas. En este sentido, el TC debería abstenerse en casos como el de Cataluña, donde problemas políticos reclaman remedios políticos. Ni al TC ni a ninguna entidad le beneficia parecer una herramienta del Gobierno. El único beneficiado sería el Gobierno, que se resguarda detrás de argumentos de legalidad y de que «el asunto está sub iudice«.
Para ilustrar este punto, podemos mirar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Podríamos imaginarlo suspendiendo la última reforma constitucional californiana? O si el secesionismo de Texas o Vermont se convirtiera en un problema, ¿esperaríamos que un tribunal lo resolviera? En 2009, el Senado estatal de Georgia aprobó por 43-1 la Resolución 632, afirmando que si Washington excediera gravemente sus facultades, «todos los poderes anteriormente delegados a los Estados Unidos por la Constitución revertirían a cada uno de los estados». A diferencia de España, estos senadores no están en la cárcel. En los Estados Unidos, ha habido un creciente número de defensores de desjudicializar la política y devolverla a la gente.
En España, sin embargo, parece que estamos atrapados en el pasado, con la política en manos de leguleyos y abogados del Estado. Con la Constitución en la mano, nadie reprochará al TC negar el paso a un independentismo contrario a la misma. Pero tampoco a nadie extrañará que el independentismo, si es verdadero independentismo, no obedezca al TC de España. A pesar de esto, lo más inquietante del TC es que no es el órgano llamado a solucionar este conflicto. Cada cosa es para lo que es.
Quizás se argumente que el problema radica en que nuestro TC nació politizado, tiene una naturaleza híbrida político-legislativo-judicial y una legitimidad deficiente. Pero incluso el tribunal más imparcial y jurisprudente, por muy preparado que esté para solucionar disputas de propiedad, no está preparado ni legitimado para aprobar o rechazar una autodeterminación. Para tales decisiones políticas de gran envergadura, sólo está legitimada «la gente por sí misma».