El Gobierno de España, a través de su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado su confianza en que la mayoría de las comunidades autónomas se adhieran a la propuesta gubernamental para que el Estado asuma parte de la deuda que dichas regiones acumularon durante la crisis financiera posterior a 2007.
Esta propuesta, que Montero ha calificado como «seria» y «sensata», fue presentada durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado. La propuesta sostiene que el Gobierno central debería asumir parte de la deuda que las comunidades autónomas incurrieron durante la crisis financiera.
Es interesante señalar que el Partido Popular gobierna en 11 de las 15 comunidades autónomas de régimen común en España. Así, la afirmación de Montero sugiere que la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP secundarán la propuesta de condonación de deuda autonómica, a pesar de la oposición de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Montero no proporcionó detalles específicos sobre el mecanismo que el Gobierno implementará para extender a otras autonomías la decisión de condonar 15.000 millones de deuda a Catalunya, una medida pactada con ERC como parte de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sin embargo, la vicepresidenta indicó que las reuniones técnicas para concretar esta «asunción de deuda autonómica» deberían comenzar lo antes posible.
La vicepresidenta aseguró que la propuesta de asunción de deuda de las autonomías por parte del Estado se basará en «parámetros objetivos y comunes» para todas las comunidades. Sin embargo, no se proporcionaron detalles adicionales sobre estos parámetros.
De acuerdo con estimaciones de la agencia de calificación S&P Global Ratings, el impacto de extender la condonación de deuda a todas las comunidades autónomas podría oscilar entre 49.720 y 71.730 millones de euros, dependiendo de diferentes supuestos.
En su declaración, Montero también criticó las políticas de austeridad implementadas entre 2007 y 2014, las cuales, según ella, resultaron en una «asfixia» financiera para las comunidades autónomas. Montero sugirió que el Gobierno actual busca asumir la deuda que debería haber sido asumida durante el mandato de Cristóbal Montoro, ex Ministro de Hacienda, para que las comunidades autónomas puedan acceder a financiamiento en el mercado.
Durante su comparecencia, la vicepresidenta también reiteró el compromiso del Gobierno de reformar la financiación autonómica y local. A pesar de reconocer las dificultades inherentes a este proyecto, Montero expresó su deseo de que la reforma se lleve a cabo con el consenso del Partido Popular.
Montero también abordó la cuestión del presupuesto estatal para 2024. A pesar de que el Senado rechazó por segunda vez los objetivos de déficit y deuda propuestos por el Gobierno, la vicepresidenta insistió en la intención del Gobierno de presentar «lo antes posible» un proyecto de presupuesto para 2024, una vez que se haya llegado a acuerdos con la mayoría de los grupos políticos.
Finalmente, Montero explicó que un informe de la Abogacía del Estado respalda la capacidad del Gobierno para aprobar un proyecto de presupuesto para este año a pesar del rechazo del Senado a la ruta de objetivos de déficit y deuda. La vicepresidenta no respondió a las preguntas sobre la fecha y la hora de la firma del dictamen, pero reprendió al PP por haber dudado de la existencia de dicho dictamen.