Nueva normativa de seguridad obligará a la actualización de ascensores en España

En un intento por aumentar la seguridad de los usuarios de los ascensores en España, el Consejo de Ministros ha aprobado la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 que entrará en vigor el próximo lunes 1 de julio. Esta nueva normativa requerirá la actualización de miles de ascensores en toda España, lo que representa un desembolso cuantioso para las comunidades de propietarios.

Según los informes, entre 100 y 65.000 euros tendrán que ser destinados para las actualizaciones, dependiendo de la antigüedad del ascensor o si se necesita cambiar la cabina completa. En total, se estima que cerca de 400.000 ascensores, el 40% de los 1,1 millones de ascensores instalados en España, tendrán que ser actualizados. Es importante destacar que España tiene el mayor número de ascensores en Europa y el mayor número de ascensores por habitante en el mundo, con 19,8 ascensores por cada 1.000 personas.

¿Cómo y cuándo se llevarán a cabo las actualizaciones?

La implementación de las actualizaciones no será inmediata. Las actualizaciones se llevarán a cabo en función de los resultados de las inspecciones periódicas, que se realizan cada cuatro años. Por lo tanto, el inspector será el encargado de determinar si el ascensor cumple con la nueva ITC y establecerá los plazos para la adecuación de la instalación.

La Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) proporcionó un ejemplo de cómo se llevará a cabo el proceso: «Supongamos que una instalación susceptible de tener que adaptarse, ha pasado su inspección en abril de 2024 con resultado favorable, pues hasta abril del año 2028, no pasaría la siguiente inspección, en la que saldrían los elementos a adaptar y dependiendo de qué elementos sean, hay unos plazos establecidos para acometer la modificación».

Entre las nuevas exigencias establecidas por la ITC AEM 1, se requiere que las cabinas de los ascensores logren una precisión de nivelación y parada de 10 milímetros en todas las plantas. Además, se añadirá un sistema de comunicación bidireccional entre la cabina y un centro de atención las 24 horas para casos de atrapamiento. Además, se requerirá que los ascensores dispongan de pesa cargas en cabina, para evitar que el ascensor arranque si detecta que se supera la carga máxima. En el caso de los ascensores con puertas automáticas, se deberá introducir una barrera fotoeléctrica que bloqueará el cierre de puertas cuando detecte objetos a media altura, como un paraguas que sobresale o una persona que asoma.

Feeda afirma que estas medidas permitirán eliminar el 90% de los accidentes de usuarios en el uso del ascensor, que incluyen tropiezos con caída al entrar o salir, golpes de las puertas que se cierran, atrapamientos por avería mal o tardíamente comunicados y accidentes con mascotas.

El coste económico para los propietarios, según Feeda, «es casi imposible de determinar», ya que depende de la antigüedad, características técnicas, tecnología empleada y actualizaciones de cada ascensor. En los casos más económicos, el coste será de 100 euros, pero puede llegar hasta los 10.000 euros. Otras fuentes del sector elevan ese montante hasta 65.000 euros si la cabina debe ser sustituida completamente. En España, la antigüedad media del parque de ascensores es de 22 años y se entiende que el ascensor cumple su vida útil a los 25 años.

Potenciales multas y alternativas de financiación

La normativa contempla multas para las comunidades que no se adapten a la ITC, con sanciones que oscilan entre 3.000 y 600.000 euros, según lo estipulado en el título V de la Ley 21/1992 del 16 de julio. Sin embargo, José Carlos Frechilla, director de Feeda, aclara que la ITC tiene suficiente flexibilidad para evitar que se lleguen a producir estas sanciones.

En cuanto a las subvenciones públicas para ayudar a cubrir los costos de estas actualizaciones, estas tendrán que ser impulsadas desde las comunidades autónomas. Un ejemplo de esto es Baleares, que reparte subvenciones a cargo de los fondos disponibles para la rehabilitación de edificios y viviendas con enfoque de mejora energética.

Como alternativa, las comunidades de propietarios también podrán financiar las mejoras de manera privada. Según IESA, en los últimos años las solicitudes de financiación para este tipo de rehabilitaciones han crecido un 354%. «Las derramas y el impago de cuotas por parte de algunos propietarios pueden generar problemas de liquidez, lo que dificulta el mantenimiento y las obras necesarias. Además, deben equilibrar ingresos y gastos, garantizar transparencia financiera, cumplir con normativa fiscal y realizar auditorías para asegurar una gestión responsable de los recursos comunes», explica Enrique Sánchez, director general de IESA.

Escasez de mano de obra para afrontar la actualización

El verdadero desafío para el sector será desde la perspectiva operativa. Las empresas de ascensores enfrentarán una avalancha de llamadas en un momento en el que tienen dificultades para encontrar trabajadores. Frechilla señala que las empresas tienen alta demanda de técnicos mantenedores. Aunque es optimista, ya que el incremento de demanda llegará de forma «progresiva y sostenida» durante los próximos seis años. Se prevé que el impacto económico total para el sector será de unos 800 millones de euros durante este período.