Las Monjas de Belorado y su Cisma con la Iglesia: ¿Un Asunto de Fe o de Riqueza?

Las monjas de Belorado han estado en el centro de la controversia desde que declararon su cisma con la Iglesia Católica el pasado 13 de mayo. La premisa de sus acciones está enredada en medias verdades y hechos ocultos que, de alguna manera, no pueden refutar cuando se revelan. Aunque intentaron enmascarar su separación como un asunto de fe, desde el principio, la evidencia apuntó a una intrincada trama inmobiliaria y económica.

Las monjas afirman ser acosadas por los medios de comunicación, sin embargo, fueron las primeras en ofrecer una entrevista a un programa de alta audiencia y organizan conferencias de prensa en la puerta del convento casi a diario. En la última instancia, niegan la autoridad de Mario Iceta como comisario pontificio, pero le informan por correo electrónico que debe pagar el servicio de seguridad privada que planean contratar.

El Arzobispado de Burgos respondió a la comunidad a las 11 de la noche del jueves, tres horas después de que las monjas publicaran un mensaje. En su respuesta, la diócesis recordó que el «representante legal de los monasterios de Belorado, Derio y Orduña es el comisario pontificio”, tanto en el ámbito canónico como civil. Por lo tanto, tiene el deber y el derecho de velar por las personas que habitan el monasterio, los trabajadores contratados, la gestión adecuada de los movimientos financieros, así como la gestión de todos los bienes muebles e inmuebles.

El Cisma de las Monjas con la Iglesia y la Autoridad del Comisario Pontificio

Las monjas han impedido que el comisario pontificio y la comisión gestora cumplan con sus obligaciones. La comunidad no ha entregado una copia de las llaves de los monasterios, como se les pidió, lo cual se interpreta como un intento de obstaculizar el trabajo del comisario pontificio.

Además, las religiosas se negaron a aceptar la ayuda económica que el Arzobispado ofreció al cambiar la firma en las cuentas, alegando que ello implicaría reconocer la legitimidad de la «usurpación» por parte de Iceta. Sin embargo, lo irónico es que, aunque no reconocen su autoridad para dirigir, sí la reconocen a la hora de exigirle que pague por un nuevo servicio de seguridad privada que han decidido contratar para la puerta del monasterio.

Según el arzobispado, el monasterio de Belorado envió un correo electrónico el martes 11 con el mensaje: “Nos vemos en la obligación de contratar un servicio de seguridad privada que proteja y defienda contra ataques a la intimidad. Entendemos que el arzobispo debe asumir los costes de este servicio”. En este punto, la comunidad de monjas reconoció la autoridad del arzobispo, pidiendo el pago de un servicio que ellas mismas planeaban contratar. Sin embargo, no proporcionaron detalles sobre la empresa que se encargaría de este asunto ni las condiciones del servicio.

La comunidad de monjas también pretende que la diócesis pague por este servicio, pero no ha solicitado ayuda para la compra de alimentos, alimento para animales u otros gastos esenciales de la comunidad. Esta contradicción ha revelado que el objetivo del comunicado de las monjas era más que simplemente mostrar su «realidad», que afirman que los medios de comunicación han ignorado.

Al corregir un error técnico en su publicación en Instagram, las monjas revelaron que su verdadera intención era proporcionar el número de una cuenta corriente, «no usurpada», según ellas, para recibir donativos. Esta cuenta no pertenece a la comunidad, sino que es personal a nombre de Laura García de Viedma, el nombre civil de sor Isabel de la Trinidad, la destituida alcaldesa.

En respuesta a las acusaciones de las monjas de que los bancos incumplieron la ley al aceptar el cambio de firma en las cuentas, el arzobispado defendió que «las entidades bancarias han actuado absoluta y escrupulosamente dentro de la legalidad vigente». Además, aclararon que se ha tenido acceso a las cuentas corrientes identificables, ya que las monjas no han facilitado el conocimiento ni el acceso a las mismas.

Las monjas confirmaron este hecho en su comunicado, al reconocer que algunas cuentas de Orduña, «desde las que se tienen que realizar los pagos periódicos para zanjar las obras del monasterio», no se había cambiado todavía la firma. Sin embargo, las monjas no han especificado cuál fue el destino de los 720.000 euros que obtuvieron de la hipoteca del monasterio de Derio en marzo de 2023, ya que no fueron utilizados para pagar las cuotas de Orduña ni las obras allí realizadas.

El arzobispado también ha aclarado que no tiene la «mínima intención de condicionar económicamente a la comunidad» y que su posición sigue siendo de «mano tendida». Recordaron que el jueves 6 de junio, sor Carmen, secretaria y economista de la federación de las Clarisas, fue enviada por el comisario pontificio al monasterio para hablar con las hermanas y preguntarles sobre sus necesidades económicas para atenderlas de inmediato. Sin embargo, no fue recibida, ni le permitieron hablar.

El arzobispado está trabajando con las entidades bancarias para garantizar que no haya problemas de pago para aquellos que tienen derecho a cobrar: suministros, salarios, recibos, etc. En este sentido, ninguna empleada de los monasterios ha acudido al arzobispado para poner ninguna queja. Al contrario, aquellos con quienes se ha podido contactar, se les ha asegurado que se mantendrán al corriente de los pagos tal y como se ha hecho hasta ahora.

El arzobispado sigue esperando que las monjas les informen sobre los importes necesarios que requieren para los gastos habituales de la vida ordinaria. Hasta ahora, no lo han hecho. El comunicado del arzobispado termina pidiendo a las monjas que les informen de sus necesidades concretas para cubrir los gastos ordinarios de la comunidad y condena cualquier falta de respeto o intrusión en la vida del monasterio. “Seguimos a la espera de que la comunidad realice algún gesto que posibilite la vía del diálogo”, concluye.