En la primavera de 2021, la Junta de Andalucía, a través de la entonces denominada Consejería de Educación y Deportes, otorgó una «subvención excepcional» superior a los 4,9 millones de euros a la sociedad que gestiona el Estadio de La Cartuja (ECSSA) para llevar a cabo las obras necesarias que permitieran albergar los partidos de la fase final de la Eurocopa 2020, cuyo evento se retrasó un año debido a la pandemia por la Covid-19.
La urgencia de los plazos llevó a que el mismo día de la aprobación de la subvención, el Estadio de la Cartuja, una sociedad de naturaleza pública, encomendara los contratos a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Este hecho ha atraído la atención en el marco del llamado ‘caso Supercopa’, que investiga posibles actos de corrupción dentro de la Federación dirigida por Luis Rubiales.
Uno de los contratos en cuestión fue adjudicado a la empresa de construcción Gruconsa, la cual se encargó de remodelar parte del estadio olímpico a través de dos adjudicaciones que sumaban 900.000 euros. Cabe destacar que Ángel González Segura, hermano del actual director jurídico de la RFEF, Pedro González Segura, ocupaba un puesto directivo en Gruconsa durante la remodelación del estadio. Ambos hermanos se encuentran actualmente detenidos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo detenciones y registros en distintos puntos de España relacionados con la RFEF con el fin de recabar más información sobre los contratos de remodelación del estadio andaluz.
Dada la premura para acometer todas las actuaciones requeridas en el menor plazo de tiempo posible, la sociedad del Estadio de La Cartuja planteó la necesidad de establecer un convenio con la RFEF, en su condición de representante de la UEFA en materia de asistencia técnica, para asesorar en la contratación de los expedientes vinculados a la realización de las obras requeridas por el complejo deportivo.
No obstante, este convenio firmado entre la Federación Española y el estadio de La Cartuja se mantuvo en secreto, con el argumento de ser «altamente confidencial». A pesar de que la entidad Transparencia solicitó que se desvelaran los términos de este acuerdo, Luis Rubiales recurrió esta decisión en los tribunales en 2022.
Los procedimientos de urgencia se generalizaron a causa de la pandemia y, en el caso de la celebración de la Eurocopa, el impacto fue directo, ya que se retrasó un año. Fue el 16 de marzo, pocos días después de la declaración de la emergencia sanitaria, cuando se decidió el aplazamiento.
Entre los documentos consultados, figura la propuesta de designar a Daniel F. Oviedo Barrera, director gerente de Estadio de La Cartuja S.A., como responsable del seguimiento y control de las actuaciones que constituyen el objeto del contrato. El Grupo Conector (Gruconsa) se llevó dos contratos: uno para la adecuación de la zona deportiva por un importe de 809.543 euros y otro para la tematización de la sala de prensa, adjudicado en 87.255 euros.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, defendió que «las obras están hechas» y que el Gobierno ha «cumplido». Manifestó que de esas actuaciones «se va a beneficiar la futura final de la Copa del Rey». Aseguró que «todos los procedimientos que se han seguido son lícitos» y afirmó que se trata de una investigación a la Federación Española de Fútbol, a la que la Junta de Andalucía brindará toda la colaboración requerida.