El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha anunciado este lunes que recurrirá al Poder Judicial para exponer la situación que vive la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio. Vivas reprocha al Gobierno de España su «pasividad» y considera insuficiente su respuesta ante la crisis.
Tras la reunión del Ejecutivo ceutí, ha explicado en rueda de prensa que solicitará encuentros con la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Su objetivo, ha señalado, es trasladarles que Ceuta «está en peligro».
El presidente ceutí ha precisado que su intención no es intervenir en la independencia judicial, sino informar a los máximos responsables del Poder Judicial sobre las circunstancias que afronta la ciudad autónoma.
Vivas ha sostenido que la situación sigue lejos de recuperar la normalidad. También ha afirmado desconocer cuántas de las 80.000 personas que entraron de forma irregular continúan en Ceuta y cuántos procedimientos de devolución o expulsión se han puesto en marcha.
Asimismo, ha denunciado la «falta de respuesta adecuada» del Ejecutivo central ante lo que define como un ataque a la integridad territorial de «una parte de España». En este sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, describió a Ceuta como un territorio en situación de «alto riesgo».
Según Vivas, el Gobierno de Pedro Sánchez trató de «maquillar la realidad» en los primeros días de agosto al asegurar que la ciudad había vuelto a la normalidad en 48 horas y que solo permanecían en ella unas 2.500 personas de las cerca de 80.000 que habían accedido.
«La normalidad solamente puede lograrse mediante el regreso a Marruecos, de todos los que, de manera ilegal, perturbaron el orden y entraron en nuestra ciudad», ha declarado.
El Gobierno ceutí, ha añadido, tampoco conoce las actuaciones previstas para «blindar» la frontera ni las medidas destinadas a reactivar a la ciudad tanto económica como anímicamente.
Vivas considera que el Estado cuenta con recursos y capacidades para devolver a Marruecos, dentro de la legalidad, a los adultos que entraron los días 30 y 31 de julio. A su juicio, este proceso podría completarse en un plazo de 30 días.
De acuerdo con sus cálculos, 50 funcionarios encargados de tramitar expedientes podrían gestionar alrededor de 15 casos diarios cada uno, lo que elevaría la cifra a 750 expedientes al día. Con una actividad de cinco días semanales, se alcanzarían 3.750 expedientes por semana y unos 15.000 al mes. «Esto no es misión imposible. Esto más bien parece falta de voluntad», ha concluido.
Para Vivas, la ausencia de actuación del Gobierno puede responder a «ineptitud», a «irresponsabilidad» por no valorar que «se vulnere nuestra integridad territorial» o al propósito de no incomodar a Marruecos para preservar lo que ha calificado como unas «pseudo buenas relaciones».
El presidente de Ceuta ha reclamado al Estado que responda con «firmeza y contundencia» ante un «hipotético plan» de Marruecos orientado a «golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva de Ceuta».
También ha pedido un cambio de actitud tanto al Gobierno español como a Marruecos y ha expresado su confianza en que el país vecino coopere «de manera sincera» en la repatriación de adultos y menores.
Vivas ha asegurado que Ceuta «no se va a rendir», pese a la sensación de abandono que dice percibir. Además de dirigirse al Poder Judicial, prevé trasladar la situación a las Cortes Generales, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las organizaciones empresariales y los sindicatos.