Fumigaciones aéreas con plaguicidas en España: un acto ilegal potencialmente peligroso

La utilización de medios aéreos para fumigar plaguicidas se encuentra, por norma general, expresamente prohibida por las leyes europeas y españolas. A pesar de esta normativa, un informe presentado por Ecologistas en Acción revela una realidad preocupante: en España, durante los últimos cinco años, se han fumigado con plaguicidas, a veces no autorizados, 234.000 hectáreas de arrozales.

El estudio titulado ‘Fumigaciones aéreas ilegales de plaguicidas: el caso concreto de los arrozales’, analiza la legislación que ha sido contravenida por las fumigaciones aéreas de plaguicidas en los últimos años, centrándose específicamente en las realizadas sobre arrozales españoles.

El informe también recoge la opinión del Defensor del Pueblo, quien ha declarado ilegales las fumigaciones aéreas realizadas con plaguicidas no autorizados para este método de aplicación. Esta declaración se produjo en respuesta a una queja presentada por Ecologistas en Acción.

¿Estamos ante un incumplimiento sistemático de la ley?

Según Ecologistas en Acción, la normativa prohíbe la pulverización aérea como principio general. Solo se permiten excepciones si los métodos aéreos ofrecen ventajas significativas para la salud humana y el medio ambiente o si no existe ninguna otra alternativa viable. En estos casos, son las comunidades autónomas las que tienen la capacidad de otorgar una autorización excepcional a la fumigación aérea de un plaguicida previamente permitido para este tipo de aplicación.

Además, si se fumiga un plaguicida que no ha sido autorizado para la fumigación aérea, se requiere una segunda autorización excepcional, en este caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El informe de Ecologistas en Acción revela que, durante los últimos siete años, se han concedido 34 autorizaciones excepcionales a plaguicidas empleados en el cultivo del arroz, de las cuales nueve corresponden a la fumigación aérea de estos productos.

La organización ecologista denuncia que estas autorizaciones fueron repetidas y rutinarias, y que sus causas, generalmente económicas, “incumplían los requisitos que exige la ley”. Además, se fumigaron plaguicidas sobre espacios naturales protegidos sin realizar ningún estudio previo de evaluación de su impacto ambiental.

En respuesta a la solicitud de Ecologistas en Acción en 2021, el Defensor del Pueblo estudió la legalidad de las fumigaciones aéreas sobre arrozales. En marzo de 2024, el Defensor del Pueblo solicitó la detención de estas autorizaciones, que declaró ilegales, y también declaró ilegales las que puedan producirse en el futuro.

Además, el Defensor del Pueblo constató que estas autorizaciones al método aéreo se otorgan de manera sucesiva, sin tener en cuenta el carácter excepcional o especial que deben tener estas excepciones, y sin transparencia por parte de las comunidades autónomas.

¿Es posible el cultivo de arroz sin plaguicidas?

Ecologistas en Acción recuerda que la decisión del Defensor del Pueblo no es vinculante, solo una recomendación que el Ministerio de Agricultura debería seguir. La organización subraya que es posible cultivar arroz sin aplicar plaguicidas, como demuestran las 1.300 hectáreas dedicadas en España a la producción ecológica del arroz.

Kistiñe García, portavoz de la organización ecologista, ha declarado: “El Ministerio de Agricultura debe ayudar a la expansión del cultivo de arroz sin plaguicidas y oponerse a la competencia desleal que supone la importación de arroz con plaguicidas prohibidos en el Estado español”.

El estudio completo puede consultarse en la página web de Ecologistas en Acción.

Tras la presentación de estas preocupantes conclusiones, queda por reflexionar sobre un tema crucial: ¿qué medidas deben adoptarse para garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales y proteger la salud de los consumidores y del medio ambiente? ¿Qué papel deben desempeñar las autoridades y el sector agrícola en este desafío?