La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha iniciado los pasos para que este tribunal asuma la investigación sobre la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta ante la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio.
En una resolución, la magistrada señala que ha tenido conocimiento de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha abierto diligencias tras una querella dirigida contra Miguel Ángel Pérez Triano. Por ello, ha acordado remitir a ese órgano el auto por el que la Audiencia Nacional asumió la investigación de la entrada masiva, para que valore si procede inhibirse en favor de este juzgado en caso de que las conductas analizadas estén incluidas en el procedimiento que ya se sigue.
Aunque no se trata de una solicitud directa de inhibición, la decisión evidencia la intención de Tardón de incorporar esta investigación a la causa de la Audiencia Nacional. La Fiscalía de la Ciudad Autónoma ya ha pedido al Juzgado número 6 que se inhiba en favor de ese tribunal.
El juzgado ceutí abrió las diligencias a raíz de una querella presentada por Hazte Oír. La denuncia plantea que el delegado del Gobierno pudo incurrir en delitos de omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y prevaricación por omisión, después de haber recibido alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Tras recibir un informe sobre los hechos elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), la jueza concluyó que la competencia correspondía a la Audiencia Nacional al considerar que se trató de un ataque grave contra la integridad territorial de España.
La resolución sostiene que se está ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que habría afectado gravemente a la integridad territorial española, garantizada por el artículo 2 de la Constitución. Según el auto, para ello se utilizó la entrada masiva en España, junto con flujos migratorios irregulares que afectaron de forma grave a la vida y los derechos de los ciudadanos de Ceuta.
El mismo auto precisaba que las pesquisas no se limitarían a identificar a los presuntos instigadores de la oleada migratoria. También deberán analizarse las actuaciones de las autoridades españolas a partir de la información disponible para prevenir los hechos, incluido el fallecimiento de 83 personas.
La investigación deberá abarcar todas las actuaciones desarrolladas en territorio español vinculadas a la entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes a través de la frontera española. Entre otros aspectos, se examinarán los medios de respuesta desplegados, las informaciones y alertas sobre la posible llegada y la incidencia que esas actuaciones pudieron tener en las consecuencias de la entrada masiva.
Por el momento, el delegado del Gobierno es la persona más directamente señalada en esta línea de investigación. Su jefe de Gabinete dimitió la semana anterior y afirmó que le había trasladado las alertas emitidas por el CNI.